El Ministerio Público introdujo este lunes ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución Nacional, el objetivo del mencionado recurso es determinar si la organización conocida como Voluntad Popular es una organización terrorista, y si es susceptible de sanciones y de disolución por este motivo.
“Realizamos esta solicitud de interpretación con base en las atribuciones del Ministerio Público, como garante del respeto a los derechos y garantías constitucionales según el artículo 285, numeral primero, de la Constitución, así como en el artículo 266 de la Constitución, que establece las competencias del TSJ, el cual en su numeral 6º señala entre sus atribuciones conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley”, precisó Tarek William Saab.
Explicó que los artículos de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo “que hemos solicitado interpretar se refieren a la responsabilidad de las personas jurídicas y las sanciones aplicables Art. 31”.
Prácticas terroristas
Señaló que el partido Voluntad Popular -creado como un movimiento en el año 2009 por Leopoldo López- fue aceptado formalmente por el Consejo Nacional Electoral en enero de 2011.
“Un prólogo de la trama neonazi de este grupo político lo podemos ubicar en la participación de sus miembros en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez”, dijo.
También refierió: “Después de la elección presidencial en abril de 2013, en la que resultó electo el presidente Nicolás Maduro, este partido inició su deriva violenta hasta convertirse en una organización dedicada al ataque y destrucción del Estado”.
Y detalló que “el primer paso fue la propuesta de La Salida; ante la imposibilidad siquiera de erigirse como candidato opositor, Leopoldo López, apoyado por Antonio Ledezma y María Corina Machado, propuso salir del gobierno constitucional por la vía de la escalada violenta”.
Hizo referencias a las “mal llamadas guarimbas de 2014” que calificó de “un embrión de guerra civil financiado por miembros de Voluntad Popular”, con su saldo de 43 muertes y más de 400 heridos.
“Esta práctica terrorista se repitió en 2017, esta vez con mayor violencia e intensidad; cuando se contabilizaron decenas de personas que fueron quemadas, siendo el caso más conocido el del joven Orlando Figuera ocurrido en Altamira”, prosiguió Saab.
Puntualizó que “este nuevo intento de generar una guerra civil entre abril y julio de 2017, duró alrededor de 130 días y provocó daños incalculables a la nación y enlutó a decenas de familias venezolanas, que contaron más de 150 muertes y más de mil heridos”.
Sin precedentes
Luego, hizo referencia a “autoproclamación» de Juan Guaidó como presidente interino del país “para un cargo que no existe, que no lo establece la Constitución ni alguna Ley Orgánica. A éste sujeto lo eligió un tuit desde los Estados Unidos”.
“Valiéndose del apoyo del gobierno de los Estados Unidos, este falso presidente, ha ido apropiándose de bienes que pertenecen a la República para su provecho personal y el de sus cómplices”, añadió.
Y recalcó: “No existen precedentes en la historia del país de una organización política que, ante su imposibilidad de acceder al poder por la vía democrática de los votos, migre hacia la violencia terrorista nacional y trasnacional”.
Por ello, en la petición pide «declarar al partido u organización política Voluntad Popular, organización criminal con fines terroristas y consecuencialmente sea disuelta en razón de lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones».