Según explicó, estas regiones enfrentan cortes diarios que pueden superar las 12 horas debido a su ubicación dentro del esquema de transmisión eléctrica.
En el plano técnico, el debate sobre la recuperación del sistema eléctrico sigue abierto. Estimaciones de especialistas apuntan a que sería necesaria una inversión de entre 15.000 y 40.000 millones de dólares, además de un proceso de al menos 15 años para lograr la estabilización del servicio. Actualmente, de una capacidad instalada cercana a los 36.000 MW, menos de 13.000 estarían operativos, en gran medida por el deterioro de las plantas termoeléctricas.
Millán cuestionó la gestión reciente de la emergencia eléctrica y afirmó: “Hace más de una semana, venció el plazo de 45 días de la emergencia eléctrica, y el problema, lejos de resolverse, se profundizó originando protestas en varios estados del país cansados de racionamientos absurdos que no se justifican”.
También rechazó explicaciones oficiales que atribuyen las fallas al aumento del consumo doméstico o a una supuesta reactivación industrial.
Emergencia hídrica en el oriente del país
En paralelo a la crisis eléctrica, PJ señaló el colapso del sistema de agua en el oriente venezolano, especialmente en los estados Sucre y Nueva Esparta, donde el Sistema Turimiquire permanece fuera de servicio tras un evento sísmico ocurrido en febrero.
La paralización ha dejado a más de 200.000 familias sin acceso regular al agua potable, generando condiciones de extrema dificultad para las comunidades afectadas.
Sobre la situación en Cumaná, Millán describió un escenario crítico: “En Cumaná, nos han dicho, los ciudadanos pagan hasta 10 dólares por un botellón de agua de 5 litros, mientras otros recurren al río Manzanares para recolectar agua no apta para el consumo”.
El dirigente indicó además que, ante la magnitud del problema, organismos internacionales como la Cruz Roja, la Unión Europea y Naciones Unidas han aportado recursos de emergencia. No obstante, PJ expresó dudas sobre la ejecución y transparencia de estos fondos, y pidió información detallada sobre los avances de las obras del sistema de trasvase.
Responsabilidades y críticas al discurso oficial
La organización política rechazó de forma categórica la versión gubernamental que atribuye la crisis de servicios a las sanciones internacionales. En contraste, responsabilizó a la gestión estatal por el deterioro progresivo de la infraestructura pública.
Millán fue enfático al respecto: “Quienes quebraron al país fueron ellos, los mismos que hoy ostentan el poder. No solamente son incapaces sino también perversos porque utilizan mecanismos paliativos como herramientas de control social para que el ciudadano, sumido en la urgencia permanente, no pueda enfocarse en la lucha por sus derechos”.
En ese contexto, PJ propuso incorporar al Colegio de Ingenieros de Venezuela en la formulación y ejecución de soluciones técnicas, al considerar que el gremio cuenta con capacidad profesional para asesorar en materia de infraestructura y obras públicas.
Llamado a un cambio político e institucional
Finalmente, el partido reiteró que la recuperación de los servicios públicos está vinculada a un proceso más amplio de transformación política e institucional en el país.
Jorge Millán insistió en la necesidad de avanzar hacia un escenario de transición democrática que permita reconstruir la economía y garantizar inversiones sostenibles, especialmente en el sector petrolero.
“Nos encontrarán en primera línea apoyando el interés nacional y a los venezolanos en la ruta para lograr la transición democrática y reconstruir un país de oportunidades para todos por igual”, expresó.
Con información de nota de prensa.
Fuente El nacional
