Diversos portales de medios de comunicación se hicieron eco de la denuncia de familiares y abogados de seis adultos y 16 menores venezolanos migrantes, quienes fueron deportados de Trinidad y Tobago el domingo 22 de noviembre con procesos legales pendientes y de los cuales se desconoce su paradero luego de que fue ordenado su retorno. La jueza de la Corte Suprema del estado caribeño, Avason Quinlan-Williams, ordenó a la Fuerza de Defensa de su país que devuelva a los deportados el mismo domingo.
El 22 de noviembre, los migrantes venezolanos abordaron los botes escoltados por la Guardia Costera para que abandonasen territorio de Trinidad y Tobago. De acuerdo a los informes, los barcos tenían suministros de alimentos y combustible limitados cuando partieron. Las mujeres y los menores con condición de refugiados fueron detenidos después de llegar a Chatham el martes 17.
Juan Guaidó, rechazó el hecho y dijo que «durante las últimas semanas hemos visto acciones reiteradas en contra de nuestros refugiados venezolanos en Trinidad y Tobago», como las agresiones sufridas por un grupo en la isla y, más recientemente, la deportación de este grupo de menores.
También, David Smolansky sostuvo que durante años Venezuela recibió a los migrantes trinitarios «con los brazos abiertos», y lamentó que no se dispensa el mismo trato «para los 40 mil refugiados venezolanos que han huido a esa isla».
Smolansky destacó que las autoridades de Trinidad deberían actuar «antes de que los refugiados lleguen a Venezuela o desaparezcan en el mar», para cumplir con la orden de la jueza que lleva el caso.
Explicó que los dos botes fueron escoltados por las autoridades de la isla hasta que abandonaron aguas trinitarias, y debían llegar en un trayecto de 40 minutos hasta una zona denominada “La Barra”, en Delta Amacuro, pero al parecer nunca llegaron.
El proceso de deportación se realizó en botes sin registro y sin ningún tipo de identificación. Algo completamente irregular, según las denuncias.
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