Más de 2.000 opiniones y preocupaciones de víctimas venezolanas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano fueron recibidos por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), como parte de la investigación que adelante el organismo sobre Venezuela.
La Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) informó en una actualización sobre el caso Venezuela I, que el período para recoger las opiniones de las víctimas finalizó el martes 7.
Señaló que muchos de los formularios, que fueron enviados por escrito, videos y otro tipo de presentaciones, no han podido ser revisados en su totalidad debido al volumen de peticiones.
También agregó que recibieron una gran cantidad de información la primera semana de marzo, cuando cerraba el plazo dado a las víctimas para que expresaran sus opiniones o peticiones a la Sala de Cuestiones Preliminares I.
Aunque la Sección para la Participación de las Víctimas debía recopilar todas esas opiniones y procesarlas en un informe que sería presentado ante la Sala de Cuestiones Preliminares a más tardar el 21 de marzo de 2023, la instancia pidió una prórroga hasta el 20 de abril para analizar y procesar los formularios y videos junto al informe final consolidado.
«Toda la información recibida se maneja de manera estrictamente confidencial. El VPRS registró la información proporcionada en una base de datos segura a la que solo tiene acceso el personal autorizado del Registro de la CPI. Los formularios de víctimas, videos, etc. solo se transmitirán a la Sala de Cuestiones Preliminares; ninguna otra entidad tendrá acceso a ellos», indicó el organismo.
Aclararon que el gobierno de Venezuela no tendrá acceso a ningún formulario, video, otros documentos presentados por o en nombre de las víctimas, mientras que la versión pública del informe final tampoco contendrá ningún tipo de identificación.
«La seguridad de las víctimas y de quienes las asisten es lo primero. Las víctimas no deben correr ningún riesgo y no deben mencionar públicamente su interacción con la CPI, ya que la confidencialidad y la discreción son la mejor manera de protegerlas en esta etapa del procedimiento», concluyó.
