La parlanetaria María Elvira Salazar hizo un llamado este viernes al gobierno de Estados Unidos para que otorgue la Salida Forzosa Diferida (DED) a los migrantes que habían sido acogidos bajo el programa de Parole Humanitario, luego de que la Corte Suprema tomara la decisión de permitir a la administración Trump revocar la medida.
Aunque la orden de la Corte Suprema de hoy no fue lo que muchos esperaban, hay una verdad innegable: estos migrantes ingresaron legalmente a Estados Unidos, confiando en las promesas vacías de la administración Biden.
A través de su red social X, Salazar subrayó que la revocación afecta a más de 500.000 migrantes que “ingresaron legalmente a Estados Unidos, confiando en las
La legisladora planteó que el gobierno estadounidense debería considerar la DED como solución temporal para evitar la deportación inmediata y el retorno de migrantes a países que presentan condiciones adversas.
“No podemos ignorar el costo humano. Estas personas huyen de regímenes brutales y condiciones que amenazan sus vidas. Por eso, insto a la administración a que utilice su autoridad ejecutiva y conceda la Salida Forzosa Diferida (DED), para evitar que sean enviados de regreso a la violencia y la represión”, dijo.
Corte Suprema permite eliminar programa de Parole Humanitario
La decisión de la Corte Suprema, emitida este viernes, suspende una orden previa de una corte menor que había bloqueado la eliminación del programa. Con este fallo, la administración Trump tiene vía libre para cancelar los permisos de residencia y trabajo temporal otorgados bajo el parole humanitario.
Aunque la mayoría de los jueces respaldó la medida, los magistrados Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor expresaron desacuerdo, advirtiendo que la revocación masiva podría tener consecuencias devastadoras para los afectados.
“Las devastadoras consecuencias de permitir que el gobierno trastoque precipitadamente las vidas y los medios de vida de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus demandas legales están pendientes”, expresó Jackson al destacar que el tribunal no había considerado esto.
Este programa permitió desde 2022 la entrada legal de más de 532.000 migrantes con patrocinadores financieros en EE UU, provenientes de países marcados por inestabilidad como Ucrania, Afganistán, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Los beneficiarios recibieron permisos por dos años y debían costear su viaje y contar con respaldo económico.
