El congresista estadounidense Carlos Giménez responsabiliza al gobierno de Delcy Rodríguez de garantizar la integridad física de la dirigente opositora. La difusión de un video con amenazas explícitas reabre el debate sobre las garantías de seguridad durante la transición política venezolana.
Por: Lic. Asdrúbal Antonio Boscán Atencio
Periodista — CNP 7448
12 de noviembre de 2026
La seguridad personal de María Corina Machado vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones políticas nacionales e internacionales, tras conocerse una amenaza explícita de muerte contra la dirigente opositora venezolana, cuyo reciente regreso al país ha reactivado las movilizaciones ciudadanas y el debate sobre el futuro político de Venezuela.
La denuncia, difundida el martes 10 de noviembre por la cadena internacional NTN24, está relacionada con una grabación en la que una mujer identificada por ese medio como Ocaride Perozo, presuntamente vinculada al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), manifiesta su disposición a atentar contra la vida de Machado.
En el audiovisual se escucha una amenaza inequívoca: «La vamos a matar».
Aunque la grabación habría sido realizada antes del retorno de la dirigente a Venezuela, su difusión adquiere particular gravedad en momentos en que Machado ha retomado sus actividades públicas y encuentros con ciudadanos.
Hasta el momento, no se ha establecido públicamente que estas declaraciones formen parte de un plan organizado para ejecutar un atentado. Sin embargo, el contenido del video exige una investigación independiente, así como medidas preventivas de seguridad.
ESTADOS UNIDOS ADVIERTE SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO VENEZOLANO
La reacción desde Washington no se hizo esperar.
El congresista republicano Carlos A. Giménez, representante de Florida, expresó este miércoles 11 de noviembre su profunda preocupación por las amenazas contra María Corina Machado y señaló directamente a la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez como responsable de garantizar su protección.
En su pronunciamiento, difundido a través de la red social X, Giménez defendió el derecho de Machado a recorrer libremente el territorio venezolano y desarrollar sus actividades políticas sin intimidaciones ni amenazas.
El legislador también subrayó que el proceso de transición debe desarrollarse de manera pacífica.
Su declaración constituye una advertencia política desde el Congreso estadounidense, aunque no representa por sí sola el anuncio de nuevas medidas oficiales por parte de la Casa Blanca.
LA SEGURIDAD DE MACHADO: UNA PRUEBA PARA LA TRANSICIÓN VENEZOLANA
El regreso de María Corina Machado, el pasado 25 de octubre, representó un acontecimiento de significativa repercusión política.
Después de permanecer durante meses fuera del país, la dirigente retomó el contacto directo con sectores de la sociedad venezolana, organizaciones políticas y familiares de presos políticos.
Su presencia en las calles plantea nuevos desafíos para quienes ejercen las responsabilidades del poder público.
La protección de una dirigente opositora no puede depender de su popularidad, de sus posiciones ideológicas ni de la voluntad de quienes controlan las instituciones. Constituye una obligación fundamental del Estado garantizar la vida y la integridad de todas las personas, independientemente de sus convicciones políticas.
Por ello, una amenaza de muerte contra María Corina Machado no representa únicamente un asunto de seguridad individual. También plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones venezolanas para garantizar el ejercicio pacífico de la actividad política.
LAS CONSECUENCIAS DE UNA EVENTUAL AGRESIÓN
Un atentado contra María Corina Machado podría desencadenar una crisis de importantes dimensiones políticas y diplomáticas.
Cualquier agresión contra una figura de su relevancia internacional tendría potenciales repercusiones sobre la confianza ciudadana, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos y las perspectivas de una transición institucional pacífica.
No obstante, las posibles consecuencias dependerían de las circunstancias concretas y de los resultados de las investigaciones correspondientes.
La prioridad debe concentrarse en prevenir cualquier episodio de violencia, investigar las amenazas y garantizar condiciones seguras para la participación política.
En este contexto, dirigentes de Vente Venezuela también han manifestado su preocupación. Henry Alviárez, integrante de esa organización, declaró a NTN24 que no subestiman la gravedad del peligro denunciado.
LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DEBE ESTAR POR ENCIMA DE LAS DIFERENCIAS POLÍTICAS
La reciente amenaza coloca nuevamente sobre la mesa una realidad fundamental: ningún proceso de transformación democrática puede considerarse seguro cuando sus protagonistas enfrentan intimidaciones contra su vida.
La responsabilidad de garantizar la integridad física de María Corina Machado corresponde, en primer término, a las autoridades venezolanas competentes, sin perjuicio de la atención que puedan prestar los organismos internacionales de derechos humanos.
La comunidad internacional, incluida la administración del presidente Donald Trump, puede seguir de cerca el desarrollo de estos acontecimientos mediante los mecanismos diplomáticos y de protección de derechos humanos disponibles.
La vida de María Corina Machado no puede convertirse en instrumento de confrontación política.
Su seguridad, como la de cualquier ciudadano venezolano, debe estar protegida por garantías institucionales efectivas y no solamente por declaraciones de compromiso.
Venezuela enfrenta el desafío de demostrar que sus diferencias políticas pueden resolverse mediante el debate, la participación ciudadana y el respeto a la vida.
Porque ninguna transición puede construirse sobre el miedo, y ninguna aspiración de libertad justifica que una vida humana sea puesta en peligro.
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