El secretario de Defensa estadounidense reivindica la operación militar del 3 de enero en Venezuela, mientras una iniciativa de juicio político coloca sus decisiones bajo el escrutinio del Congreso.
Washington, 10 de noviembre de 2026.
La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores vuelve al centro del debate político estadounidense. Esta vez, no por una nueva operación militar ni por una decisión de los tribunales, sino por las contundentes declaraciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ha decidido enfrentar públicamente a quienes cuestionan la legalidad de la intervención ejecutada en territorio venezolano.
El alto funcionario del gobierno de Donald Trump defendió la actuación de las fuerzas militares estadounidenses y calificó de histórico lo conseguido durante la operación del pasado 3 de enero, cuando Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos penales.
Hegseth sostuvo el lunes 9 de noviembre que cuestionar aquella operación equivale, desde su perspectiva, a descalificar los logros de las tropas estadounidenses. Sus palabras adquirieron especial importancia porque coincidieron con una iniciativa legislativa que pretende someterlo a un juicio político.
LA CAPTURA DE MADURO, EN EL CENTRO DE LA CONTROVERSIA
Lo que inicialmente fue presentado por la administración Trump como una operación dirigida a poner a Maduro a disposición de la justicia estadounidense se ha convertido también en un asunto de discusión constitucional.
El congresista republicano Thomas Massie introdujo ocho cargos para promover un juicio político contra Hegseth. Entre ellos figura una acusación relacionada directamente con la captura de Maduro y Cilia Flores, que el legislador considera una detención ilegal de un gobernante extranjero.
La iniciativa también cuestiona operaciones militares estadounidenses en Irán, Yemen y acciones letales contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.
Hegseth rechaza las acusaciones. Durante una comparecencia celebrada este martes 10 de noviembre en el Pentágono, defendió sus decisiones como actuaciones militares legales y presentó el intento de destitución como una confrontación motivada por desacuerdos políticos.
WASHINGTON ANTE UNA DISYUNTIVA JURÍDICA
La controversia coloca frente a frente dos interpretaciones sobre el alcance del poder presidencial estadounidense.
Por una parte, la administración Trump sostiene que sus actuaciones militares responden a objetivos de seguridad nacional y al cumplimiento de la ley. Por otra, los críticos consideran que determinadas operaciones excedieron las facultades del Ejecutivo y vulneraron principios constitucionales e internacionales.
Esta distinción es fundamental: el respaldo político a la captura de Maduro no equivale automáticamente a una resolución judicial que determine la legalidad de todos los procedimientos empleados.
Tampoco la presentación de cargos para un juicio político constituye una declaración de culpabilidad contra Hegseth.
VENEZUELA SIGUE PRESENTE EN LAS DECISIONES DE WASHINGTON
Para Venezuela, estas declaraciones tienen una dimensión que trasciende el enfrentamiento entre funcionarios y congresistas estadounidenses.
La operación del 3 de enero alteró profundamente el escenario político venezolano. Sin embargo, la captura de quienes encabezaban el poder no resuelve por sí sola los desafíos institucionales acumulados durante años.
La recuperación de la independencia judicial, la credibilidad del sistema electoral y la garantía de los derechos ciudadanos siguen siendo asuntos esenciales para una transición democrática sostenible.
La actuación estadounidense y el debate político que ahora genera pueden influir en el contexto internacional, pero la reconstrucción de las instituciones venezolanas constituye una responsabilidad política e histórica que requiere soluciones duraderas.
LA REFLEXIÓN FINAL
Las declaraciones de Pete Hegseth dejan una conclusión importante: diez meses después de la captura de Nicolás Maduro, aquella operación continúa produciendo consecuencias políticas dentro y fuera de Estados Unidos.
El secretario de Defensa la presenta como un logro militar histórico. Sus adversarios políticos cuestionan la autoridad legal bajo la cual fue ejecutada.
Entre ambas posiciones se desarrolla una controversia que deberá encontrar respuestas en los mecanismos constitucionales estadounidenses.
Para Venezuela, el interrogante fundamental es todavía más profundo: cómo transformar un acontecimiento de enorme trascendencia política en una oportunidad efectiva para recuperar la institucionalidad, garantizar elecciones auténticamente libres y construir un país donde la justicia no dependa de quienes ejercen el poder.
Porque la verdadera dimensión histórica de cualquier cambio político no se mide únicamente por la caída de un gobernante, sino por la capacidad de una nación para recuperar sus libertades y asegurar que nunca vuelvan a ser arrebatadas.
Asdrúbal Antonio Boscán Atencio
Periodista — CNP 7448
El Nuevo Papel en la Red de la Verdad
