Washington considera indispensable reconstruir las instituciones judiciales y electorales antes de convocar a los venezolanos a las urnas. El secretario de Estado asegura que el proceso avanza conforme al calendario y coloca la libertad de prensa, las garantías políticas y el voto de los emigrantes entre las condiciones fundamentales.
La transición política venezolana comienza a adquirir un calendario institucional más definido. Este lunes 9 de noviembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presentó nuevos detalles de la hoja de ruta que impulsa Washington para avanzar hacia elecciones presidenciales en Venezuela, un proceso que contempla la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creación de condiciones políticas que permitan celebrar comicios con garantías democráticas.
Desde París, donde participa en reuniones diplomáticas del G7, Rubio aseguró que las conversaciones avanzan conforme a los plazos previstos. Según sus declaraciones, Venezuela podría contar con nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a mediados de diciembre de 2026 y, poco después, iniciar la conformación de un nuevo organismo electoral.
El anuncio introduce una referencia temporal concreta en un proceso de transición que todavía enfrenta importantes desafíos políticos, jurídicos e institucionales.
Aunque el secretario de Estado no anunció una fecha definitiva para las elecciones presidenciales, sus planteamientos mantienen 2027 como horizonte para una eventual convocatoria, siempre que se cumplan las etapas necesarias.
RECONSTRUIR LAS INSTITUCIONES ANTES DE CONVOCAR ELECCIONES
La posición estadounidense parte de una consideración fundamental: para que Venezuela pueda celebrar elecciones creíbles, no basta con fijar una fecha en el calendario. Es necesario garantizar instituciones capaces de administrar el proceso electoral con independencia y ofrecer seguridad jurídica a todos los participantes.
En ese sentido, Rubio identificó tres condiciones esenciales: una nueva composición del Tribunal Supremo de Justicia, un Consejo Nacional Electoral con funciones administrativas y no partidistas, y una prensa libre que permita la circulación de información y el debate político.
La reorganización del Poder Judicial tendría como propósito contribuir al restablecimiento de garantías institucionales, mientras que la renovación del CNE abriría el camino para organizar una elección cuya credibilidad dependerá tanto de sus autoridades como de la transparencia de sus procedimientos.
Sin embargo, el cumplimiento de estos objetivos no puede darse por descontado. La selección de magistrados y rectores electorales, la independencia efectiva de ambos organismos y la participación de todos los sectores políticos serán aspectos determinantes para evaluar los resultados de las reformas.
LA VACANCIA PRESIDENCIAL Y EL CAMINO HACIA 2027
Otro elemento significativo de las declaraciones de Rubio fue la posibilidad de declarar la falta absoluta de la Presidencia una vez completadas las reformas institucionales.
De acuerdo con la hoja de ruta expuesta por el funcionario estadounidense, esa declaración permitiría activar un período de seis meses para organizar elecciones presidenciales, cuya fecha correspondería establecer al nuevo Consejo Nacional Electoral.
Este planteamiento introduce un debate jurídico importante, pues el mecanismo y los plazos deberán confrontarse con las disposiciones de la Constitución venezolana, particularmente las relacionadas con la falta absoluta del presidente de la República.
Por ahora, 2027 constituye una perspectiva política y no una fecha electoral oficialmente aprobada. Su materialización dependerá de acuerdos, reformas y decisiones que todavía deben producirse.
MARÍA CORINA MACHADO Y LAS GARANTÍAS POLÍTICAS
Durante su intervención, Rubio también hizo referencia al regreso de María Corina Machado a Venezuela y valoró positivamente que la dirigente opositora y otros representantes políticos hayan podido realizar actividades públicas, ofrecer declaraciones y comunicarse con la ciudadanía.
Para el jefe de la diplomacia estadounidense, la posibilidad de que los candidatos expresen sus propuestas y mantengan contacto con los electores constituye una condición indispensable para unas elecciones creíbles.
La presencia de Machado en el escenario político venezolano forma parte de esta nueva etapa, aunque la existencia de espacios de participación deberá acompañarse de garantías sostenidas para todas las fuerzas políticas, sin discriminación ni restricciones arbitrarias.
En ese contexto, la libertad de expresión, el funcionamiento de los medios independientes y el respeto a los derechos políticos adquieren una importancia comparable a la propia renovación de las autoridades electorales.
SIETE MILLONES DE VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR: UN DESAFÍO ELECTORAL
Uno de los aspectos más relevantes de las declaraciones de Rubio fue su preocupación por la participación de los venezolanos que residen fuera del país.
El secretario de Estado mencionó una población emigrante cercana a siete millones de personas y destacó la necesidad de establecer mecanismos que permitan ejercer el derecho al sufragio desde el exterior.
En particular, señaló la importancia de reabrir consulados venezolanos en Estados Unidos para facilitar el funcionamiento de centros electorales.
Esta cuestión representa uno de los principales desafíos de cualquier futura convocatoria, debido a la necesidad de actualizar el registro electoral, verificar los requisitos legales de participación y garantizar procedimientos accesibles y transparentes.
La dimensión de la diáspora venezolana convierte el voto exterior en un asunto de considerable trascendencia democrática.
UNA TRANSICIÓN QUE DEBERÁ MEDIRSE POR SUS RESULTADOS
Las declaraciones de Marco Rubio reflejan la intención de Estados Unidos de mantener una secuencia de cambios institucionales antes de avanzar hacia la elección presidencial.
No obstante, entre la formulación de una hoja de ruta y su ejecución existe una distancia que únicamente podrá reducirse mediante decisiones verificables, acuerdos políticos y garantías institucionales efectivas.
La renovación del TSJ prevista para diciembre constituirá una primera referencia para evaluar el cumplimiento del calendario. Posteriormente, la conformación del CNE y la definición de un procedimiento constitucional para convocar elecciones permitirán determinar si el proceso avanza conforme a lo anunciado.
Venezuela enfrenta así una etapa en la que la discusión política comienza a trasladarse hacia asuntos concretos: quién administrará la justicia, quién organizará las elecciones, cómo participarán los candidatos y de qué manera podrán ejercer su derecho al voto millones de venezolanos dentro y fuera del territorio nacional.
El mensaje central de Washington es que las elecciones deben ser el resultado de una reconstrucción institucional y no simplemente de una convocatoria política.
El año 2027 aparece en el horizonte. Pero será el cumplimiento de las reformas, y no las expectativas diplomáticas, lo que determine cuándo los venezolanos podrán acudir nuevamente a las urnas bajo condiciones democráticas verificables.
Asdrúbal Antonio Boscán Atencio
Licenciado en Comunicación Social
CNP 7448
El Nuevo Papel — En La Red De La Verdad
