La medida, impulsada por la Administración Trump, permitirá cruzar registros confidenciales de cara a las elecciones del 3 de noviembre, pese a la fuerte oposición de los magistrados liberales y de organizaciones que advierten sobre posibles errores que podrían privar del derecho al voto a ciudadanos legítimos
Los estados de Estados Unidos podrán utilizar temporalmente una base de datos federal para comprobar la ciudadanía de personas registradas para votar, después de que el Tribunal Supremo autorizara este viernes su uso mientras continúan los litigios sobre la medida impulsada por la administración de Donald Trump.
La decisión abre la posibilidad de que el sistema sea empleado de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en las que los republicanos buscan mantener el control del Congreso. La herramienta cruza información sobre ciudadanía, números de la seguridad social y otros registros confidenciales de millones de personas
La medida ha despertado críticas de demócratas y organizaciones defensoras del derecho al voto, que advierten de que errores o discrepancias en las bases de datos podrían terminar afectando a ciudadanos que cumplen los requisitos para participar en los comicios.
División en el Supremo sobre la verificación de ciudadanos votantes
En su resolución de emergencia, el Supremo consideró que “el gobierno Federal tiene la obligación de responder a las solicitudes de los funcionarios electorales estatales y locales que buscan verificar la ciudadanía de los votantes”.
Los tres magistrados liberales se apartaron de la decisión. La jueza Ketanji Brown Jackson, acompañada por Sonia Sotomayor y Elena Kagan, sostuvo que los posibles perjuicios para los votantes pesan más que los beneficios de permitir al gobierno aplicar una medida cuya autoridad legal también está en disputa.
“En mi opinión, sin embargo, el daño causado por imponer cargas o privar del derecho al voto incluso a unos pocos votantes legítimos supera el daño inexistente que experimenta el gobierno cuando se le impide tomar una medida para la que probablemente carece de autoridad”, escribió Jackson.
El fallo no resuelve de manera definitiva las controversias sobre la reforma electoral promovida por Trump, pero sí modifica mientras tanto el escenario de los procesos abiertos en tribunales inferiores. La administración sostiene que la verificación busca impedir que personas que no son ciudadanas puedan votar, mientras sus detractores cuestionan tanto el alcance de la herramienta como sus posibles efectos sobre electores habilitados.
La resolución se conoce después de que el Supremo rechazara otra iniciativa del gobierno relacionada con las papeletas enviadas por correo, dentro de la serie de disputas judiciales que enfrenta la administración sobre sus cambios en materia electoral.
