La defensa de la esposa de Nicolás Maduro solicita nuevamente la desestimación de los cargos en Nueva York. El Ministerio Público estadounidense ya había rechazado sus argumentos de inmunidad y podría insistir en que ningún cargo político constituye, por sí solo, una protección frente a las acusaciones penales.
El proceso judicial que enfrenta Cilia Flores ante la justicia federal estadounidense abrió este lunes un nuevo capítulo de confrontación jurídica. Su defensa presentó una renovada moción para solicitar la desestimación de la causa penal, apelando al principio de inmunidad soberana como fundamento para impedir que los tribunales de Estados Unidos continúen procesándola.
La solicitud llega después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ampliara las acusaciones contra Flores y Nicolás Maduro, incorporando el delito de conspiración para cometer tortura, además de otros cargos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de cocaína y armas.
La nueva maniobra defensiva representa un intento de cerrar el proceso antes de que las acusaciones sean examinadas en juicio. Sin embargo, enfrenta un obstáculo considerable: la propia Fiscalía estadounidense ya había rechazado anteriormente el argumento de inmunidad presentado por ambos acusados.
El conflicto coloca frente a frente dos posiciones jurídicas: la pretensión de la defensa de invocar las prerrogativas de un Estado soberano y la facultad que reclama Estados Unidos para investigar y juzgar determinados delitos internacionales.
LA ESTRATEGIA DE LA DEFENSA: INMUNIDAD ANTES QUE JUICIO
El abogado Andrés Sánchez sostiene que la condición institucional de Nicolás Maduro y Cilia Flores dentro del anterior gobierno venezolano constituye el fundamento de una protección jurídica que no podría ser desconocida unilateralmente por Washington.
En su argumentación, la defensa afirma que Venezuela no ha renunciado a esa inmunidad y que las autoridades del país consideran forzada la ausencia de Maduro del ejercicio presidencial.
Uno de los elementos incorporados a la moción es el reconocimiento estadounidense del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y la discusión sobre la eventual declaración de una vacancia presidencial.
Según el planteamiento defensivo, mientras esa declaración no se produzca, existirían razones jurídicas para sostener la continuidad de las prerrogativas que reclama Maduro y, por extensión, Flores.
La cuestión fundamental será determinar si esas circunstancias ofrecen realmente protección frente a un proceso penal desarrollado ante un tribunal estadounidense.
LA FISCALÍA YA HA RECHAZADO LA INMUNIDAD
La respuesta del Ministerio Público federal no parte de cero.
En un escrito presentado el 2 de octubre, la Fiscalía sostuvo que el Estado venezolano no había realizado una reclamación formal de inmunidad para impedir el enjuiciamiento de Maduro y Flores.
Los fiscales señalaron, además, una diferencia relevante: mientras el gobierno venezolano había solicitado protección judicial para Delcy Rodríguez en otro procedimiento, no había formulado una petición equivalente respecto de los acusados en Nueva York.
Este antecedente permite identificar una de las líneas que probablemente mantendrá la acusación frente a la moción presentada este lunes.
La Fiscalía podría argumentar que el reconocimiento de Rodríguez como jefa de Estado no equivale al reconocimiento de Maduro como presidente en ejercicio y que la condición de antigua primera dama tampoco concede automáticamente inmunidad penal a Flores.
No obstante, la resolución de esta controversia corresponderá exclusivamente al juez federal Alvin Hellerstein.
LA POSIBLE REACCIÓN DE LA FISCALÍA: DEFENDER LA VALIDEZ DE LOS CARGOS
Desde una perspectiva de análisis jurídico, es razonable anticipar que la Fiscalía estadounidense mantenga su oposición a la solicitud de desestimación, aunque todavía no se ha identificado una nueva respuesta oficial específica a la moción del 9 de noviembre.
La acusación podría desarrollar tres argumentos centrales.
Primero: la ausencia de reconocimiento presidencial. Washington dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo en 2019. Este antecedente podría ser utilizado para cuestionar la inmunidad personal que reclama la defensa.
Segundo: la naturaleza de los delitos imputados. Los fiscales podrían sostener que una conspiración para cometer tortura, de comprobarse, no puede considerarse automáticamente un acto oficial protegido por inmunidad funcional. Se trata de una cuestión jurídica discutible que deberá resolver el tribunal, considerando la legislación estadounidense y el derecho internacional aplicable.
Tercero: el alcance de las pruebas y la jurisdicción. La Fiscalía podría defender la aplicación de la legislación federal que penaliza determinadas conductas de tortura cometidas fuera de Estados Unidos y argumentar que las acusaciones deben someterse al procedimiento judicial ordinario.
Estas posibles líneas de respuesta no constituyen declaraciones nuevas de los fiscales. Son escenarios sustentados en sus posiciones anteriores, la acusación vigente y los principios legales relacionados con la controversia.
LA TORTURA: UNO DE LOS CARGOS DE MAYOR TRASCENDENCIA
El 8 de octubre, el Departamento de Justicia estadounidense anunció una acusación ampliada que atribuye a Maduro y Flores la presunta participación en una conspiración para cometer tortura, incluida la de ciudadanos estadounidenses.
Según el documento acusatorio, durante años habría operado en Venezuela una estructura de represión que involucraba organismos de seguridad, funcionarios gubernamentales y grupos armados vinculados al poder.
Los fiscales describen presuntas prácticas de descargas eléctricas, asfixia, violencia sexual, aislamiento prolongado, privación de alimentos y amenazas contra familiares de las víctimas.
La acusación no exige necesariamente demostrar que los procesados ejecutaron personalmente cada acto de violencia. Su teoría penal se fundamenta en una presunta participación consciente en una conspiración destinada a cometer esos delitos.
Sin embargo, todas estas afirmaciones deberán probarse judicialmente. Tanto Maduro como Flores rechazaron los cargos y se declararon no culpables durante su comparecencia del 15 de octubre.
El delito de conspiración para cometer tortura contempla una pena máxima de veinte años de prisión, independientemente de las posibles consecuencias de las otras acusaciones.
EL 17 DE NOVIEMBRE: UNA AUDIENCIA DETERMINANTE
La próxima audiencia prevista para el 17 de noviembre adquiere especial importancia, porque permitirá examinar los argumentos relacionados con la inmunidad reclamada por los acusados.
El juez Alvin Hellerstein deberá valorar la posición de la defensa, los antecedentes presentados por la Fiscalía y la doctrina jurídica aplicable a la inmunidad de autoridades extranjeras.
El tribunal podría rechazar la solicitud, admitir algún argumento de manera parcial o adoptar otras decisiones procesales. No existe, hasta este momento, una resolución conocida que haya eliminado el cargo de conspiración para cometer tortura.
El juicio está programado para comenzar el 14 de junio de 2027, aunque el calendario dependerá de las decisiones que adopte la corte.
UNA CONTROVERSIA QUE TRASCIENDE EL DESTINO DE CILIA FLORES
La importancia del caso supera la situación particular de los acusados.
El tribunal deberá examinar hasta dónde alcanza la inmunidad de dirigentes extranjeros, qué relevancia tiene el reconocimiento diplomático de Estados Unidos y de qué manera deben tratarse las acusaciones por hechos presuntamente cometidos mediante estructuras estatales.
La defensa pretende que la protección derivada de la soberanía venezolana impida el procesamiento. La Fiscalía, por su parte, ha sostenido que los acusados no cuentan con la inmunidad necesaria para detener la causa penal.
Se trata de un debate con posibles repercusiones en futuros procedimientos relacionados con responsabilidad penal internacional, reconocimiento de gobiernos y protección de los derechos humanos.
El verdadero enfrentamiento jurídico no consiste únicamente en determinar si Cilia Flores puede ser juzgada por conspiración para cometer tortura. Consiste también en establecer si la inmunidad invocada por quien ejerció funciones vinculadas al poder estatal constituye una barrera suficiente para impedir que esos cargos sean examinados por un tribunal.
La respuesta está ahora en manos de la justicia federal estadounidense.
Mientras tanto, una realidad procesal permanece inalterada: la moción presentada por la defensa no representa una absolución, y las acusaciones continúan vigentes mientras el tribunal no disponga lo contrario.
Asdrúbal Antonio Boscán Atencio
Licenciado en Comunicación Social
CNP 7448
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