El presunto testaferro de Nicolás Maduro está acusado de coordinar una red de sobornos para asegurar contratos del programa CLAP, destinado a la distribución de alimentos subsidiados en Venezuela
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) afirmó este lunes que el caso judicial contra Alex Saab forma parte de una ofensiva dirigida a desmontar estructuras financieras y redes de corrupción vinculadas al chavismo, en medio de la comparecencia del empresario colombiano ante una corte federal en Florida.
“La DEA ha investigado durante mucho tiempo los presuntos delitos financieros y las redes vinculadas a Alex Saab y al antiguo régimen de Maduro”, dijo el director de la DEA, Terrance Cole citado en un comunicado.
“Estos cargos son resultado directo del compromiso constante de la DEA para desmantelar las redes corruptas que operan en toda Venezuela. El apoyo de esta administración a las fuerzas del orden y la incansable persecución de la DEA contra quienes facilitan las actividades de los cárteles nos permitieron, junto con nuestros socios del HSTF, extraditar a Alex Saab a Estados Unidos para que comparezca ante la justicia una vez más”, agregó.
Lavado de dinero a través del programa CLAP
Saab, exministro de Industria y Producción Nacional durante el gobierno de Nicolás Maduro, compareció este lunes por primera vez ante el tribunal tras hacerse pública una nueva acusación formal en el Distrito Sur de Florida. El expediente lo vincula con una presunta trama internacional de lavado de dinero relacionada con el programa estatal CLAP, creado para distribuir alimentos subsidiados a sectores vulnerables en Venezuela.
“Esta acusación formal alega que un programa humanitario de alimentos, destinado a apoyar a venezolanos vulnerables, fue manipulado para un enriquecimiento personal masivo”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones del Distrito Sur de Florida.
En ese sentido, de acuerdo a las autoridades estadounidenses, el empresario habría coordinado junto a otros involucrados una red de sobornos destinada a asegurar contratos millonarios del Comité Local de Abastecimiento y Producción. La acusación sostiene además que se utilizaron empresas fantasma, documentos adulterados y registros falsificados de importación desde Colombia y México para ocultar irregularidades en las operaciones comerciales.
