El Gobierno de Estados Unidos admitió el viernes por la noche que el Gobierno venezolano podría sufragar los honorarios de los abogados defensores de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Esta rectificación elimina un obstáculo que había paralizado el procesamiento del expresidente venezolano y su esposa, quienes fueron capturados a principios de enero durante una redada en su domicilio en Caracas y trasladados a Estados Unidos.
Funcionarios estadounidenses les habían prohibido usar fondos venezolanos para pagar su defensa, argumentando que esto socavaría las sanciones contra el país.
La pareja alegó que esto infringía su derecho a un juicio justo y argumentó que, por lo tanto, debía desestimarse la acusación en su contra.
En una carta presentada ante el tribunal federal de Manhattan, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, afirmó que el Departamento del Tesoro había emitido licencias modificadas que permitirían a los abogados defensores recibir pagos del Gobierno de su país.
Esta novedad se produce un mes después de una vista en la que el juez que preside el caso, Alvin K. Hellerstein, interrogó duramente al Gobierno sobre los motivos por los que se estaban bloqueando los fondos. El juez llegó incluso a sugerir que, si Estados Unidos no cambiaba de rumbo, podría considerar desestimar el caso, una sugerencia que había sido formulada por un abogado de Maduro, Barry J. Pollack.
En la carta, el Sr. Clayton señaló que los abogados de Maduro habían reconocido que la concesión del Departamento del Tesoro había dejado sin objeto los esfuerzos de la defensa por desestimar la acusación y que, por el momento, retiraban dicha solicitud.
Aún faltan meses, si no años, para el juicio de la pareja venezolana. Pero la concesión de la Administración el viernes por la noche despeja el primer gran obstáculo del caso. La cuestión se hizo pública por primera vez en febrero, cuando el Sr. Pollack alertó al juez Hellerstein de que el Gobierno de Estados Unidos estaba impidiendo que el Gobierno venezolano le pagara a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
La oficina, conocida como Ofac, conceden licencias que permiten a particulares y empresas celebrar acuerdos con países sujetos a sanciones estadounidenses que, en circunstancias normales, estarían prohibidos. El Sr. Pollack afirmó que, tras conceder inicialmente una licencia que le habría permitido aceptar pagos de Venezuela, la Ofac modificó dicha licencia para prohibir dichos pagos.
Pollack alegó que dicha restricción impedía a Maduro costarse sus servicios. Afirmó que la decisión vulneraba el derecho del mandatario, amparado por la Sexta Enmienda, a contar con el abogado de su elección.
En la vista celebrada el mes pasado en el tribunal federal de Manhattan, el juez Hellerstein se mostró dispuesto a dar la razón al demandante. Afirmó en varias ocasiones que el derecho a la defensa de Maduro era “fundamental” y sugirió que las sanciones en cuestión podrían quedar obsoletas, dada la reanudación de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
Cuando el juez indicó que podría fallar en contra del Gobierno, el fiscal principal del caso, Kyle Wirshba, sugirió que la Administración Trump podría reconsiderar la cuestión.
En su carta del viernes, Clayton señaló que las licencias modificadas sometían los fondos venezolanos a ciertas condiciones, entre ellas que los pagos se realizarán con fondos de que disponga el Gobierno del país a partir del 5 de marzo de 2026, fecha en la que Venezuela y Estados Unidos restablecieron formalmente sus relaciones diplomáticas.
La carta se presentó antes de que el juez Hellerstein se pronunciara sobre el asunto. Clayton señaló que la acusación y la defensa habían solicitado una vista preliminar dentro de 60 días, en la que probablemente se definirían los próximos pasos en el largo camino hacia el juicio.
