Resulta indignante que la tragedia de Vargas, registrada entre el 15 y el 17 de diciembre de 1999, no dejara una sola lección en quienes durante más de 25 años administraron el poder.
Hugo Chávez Frías enfrentó aquella catástrofe con la soberbia, falta de planificación y transparencia, que terminaron convirtiéndose en sellos de su gobierno: Miles de familias quedaron abandonadas a su suerte y el dolor fue utilizado para el discurso político, pero jamás para construir una política de prevención.
No hubo planificación urbanística. No se diseñaron mecanismos para reducir riesgos. No se fortalecieron los organismos de Protección y Defensa Civil. No se profesionalizó al personal encargado de responder ante desastres naturales. El país perdió una oportunidad histórica para prepararse. Lo más triste es que pareciera que Venezuela decidió olvidar.
Se adquirieron equipos, tecnología e infraestructura para enfrentar futuras emergencias. Ese patrimonio terminó desmantelado y saqueado por quienes tenían la obligación de protegerlo. Ocurrió bajo el mandato de Nicolás Maduro. Nadie respondió. Nadie fue castigado. En Venezuela, la corrupción y la impunidad también forman parte de la política de Estado.
Por eso hoy contemplamos la repetición de la misma tragedia. Cambian los años. Cambian los gobiernos y sus funcionarios, pero lo que nunca cambia es el populismo y la improvisación. Nunca cambia es el abandono.
Es insólito, por ejemplo, que sobre Vargas el país continúe sin conocer cifras oficiales de víctimas y pérdidas materiales. Un Estado que oculta información durante una tragedia renuncia a su obligación más elemental: responderle a sus ciudadanos. La opacidad no protege gobiernos; condena a las víctimas al olvido.
Ese es el verdadero rostro del Estado venezolano. Un aparato reactivo, incapaz de prevenir, lento para responder y sin capacidad para aprender de sus propios errores.
Pero hay que decir las cosas con claridad: la responsabilidad tampoco puede recaer exclusivamente sobre quienes gobiernan. Venezuela ha sido representada por una oposición que desperdició una oportunidad histórica.
Una oposición que administró recursos, que levantó estructuras paralelas de poder y que llegó al absurdo de convivir con dos gobiernos y dos presidentes. La pregunta sigue esperando respuesta: ¿cuánto de esos recursos fue destinado a preparar al país para enfrentar tragedias como esta? La respuesta parece estar escrita en los escombros.
Hoy un Estado responsable estaría movilizando más de siete mil millones de dólares para reconstruir las zonas devastadas y atender a miles de familias afectadas. Aquí seguimos esperando balances oficiales, planes concretos y responsables que den la cara.
La reconstrucción de Venezuela no comenzará cuando termine esta emergencia. Comenzará el día en que los ciudadanos decidan exigir responsabilidad a quienes administran el Estado. No basta con cambiar nombres. Hay que cambiar la forma de ejercer el poder. Solo una ciudadanía activa, vigilante y comprometida podrá abrirle espacio a liderazgos con talento, ética y vocación de servicio.
Porque la verdadera tragedia de Venezuela no son únicamente los terremotos, las lluvias o los deslaves. La verdadera tragedia es haber normalizado un ESTADO IRRESPONSABLE.
Carlos Alaimo, Presidente-Editor
