En su plan propagandístico, Maduro muestra que está respaldado por quienes tienen armas y hombres de uniforme militar y policial: el ministro de la Defensa y el de Interior y Justicia. Paralelamente, los cuerpos policiales siguen deteniendo a dirigentes políticos y sociales para enviar mensajes a los grupos organizados y evitar las protestas públicas
El Gobierno venezolano respondió a la recompensa ofrecida por Estados Unidos en su contra con una campaña de propaganda política intensa. La periodista Sebastiana Barráez reseña en un artículo publicado por Infobae que la administración destinó millonarios recursos con afiches, mensajes, concentraciones, material pop, incluyendo camisetas contra la fiscal de los EE. UU. y con instrucciones para que la Fuerza Armada y los empleados públicos se hagan partícipes del despliegue publicitario.
A su vez, el mandatario se presenta ante los medios junto a los ministros Padrino y Cabello. Al parecer, el mandatario busca aceleradamente “desactivar” los efectos del anuncio que hizo la fiscal de los Estados Unidos, Pamela Bondi, aumentando la recompensa a 50 millones de dólares que lleve a la captura del ilegal e ilegítimo mandatario venezolano.
En su plan propagandístico, Maduro muestra que está respaldado por quienes tienen armas y hombres de uniforme militar y policial: el ministro de la Defensa y el de Interior y Justicia.
En las redes sociales se han distribuido cientos de mensajes para ser ubicados en millones de cuentas de los laboratorios que alimentan las campañas mediáticas, pero también para que cada dirigente del chavismo se ocupe de visibilizarlo en sus cuentas de WhatsApp, X, Instagram, TikTok, Facebook, entre otros.
Desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), el ministro de la Defensa se ha encargado de ofrecer el discurso de que la decisión de la Fiscalía de los Estados Unidos aumentando la recompensa por Nicolás Maduro fue una respuesta a que horas antes Diosdado Cabello anunció otra de las operaciones conspirativas, esta vez con el ingrediente de la incautación de material explosivo en dos galpones de Maturín, estado Monagas.
El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), GJ Domingo Antonio Hernández Lárez, se ocupa activamente de ser el difusor de los videos que les ordenó a los jefes militares de las diversas unidades que grabaran, la mayoría con el mismo discurso escrito.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez se ha ocupado de introducir el tema del Esequibo, como factor de distracción, anunciando que entregaron un nuevo documento ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), aseverando que no reconocen el proceso judicial llevando en esa instancia y que no acatarán la sentencia sobre el territorio en reclamación.
Paralelamente, los cuerpos policiales siguen deteniendo a dirigentes políticos y sociales para enviar mensajes a los grupos organizados y evitar las protestas públicas.
Han prohibido las visitas a Josnars Baduel, preso en El Rodeo I, también al periodista Carlos Julio Rojas, preso en El Helicoide, desde que fue detenido hace un año y cuatro meses. Ni visitas ni entrega de paquetería.
Entre las personas detenidas en los últimos días está el ex comisario de la Dirección de los Servicios Inteligencia y Prevención (Disip), Omar Vázquez Lagonel, vicepresidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela (Fenajup) y miembro del Comité Nacional Promotor en Defensa de la Constitución y contra la Reforma.
Voceros de trabajadores y jubilados confirmaron, el 8 de agosto de 2025, al portal Punto De Corte la detención de Vázquez Lagonel, quien integra el comité que enfrenta la reforma constitucional propuesta por Nicolás Maduro en enero de 2025.
Asimismo, fue detenida la activista de derechos humanos y miembro del colectivo Surgentes, Martha Lía Grajales, de quien el Ministerio Público anunció que fue imputada por “incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación”. Fue detenida al salir de una manifestación en la sede del Sistema de Naciones Unidas.
Martha Lía Grajales es una de las mujeres que fue agredida por fuerzas de choque frente al Tribunal Supremo de Justicia cuando, el pasado 5 de agosto, realizaban una vigilia por justicia para los presos políticos.
