Un juez federal respaldó la orden de Trump para reactivar el oleoducto Santa Ynez; la decisión enfrenta al Gobierno con California por el alcance de las facultades federales y los controles ambientales
Un tribunal federal de Estados Unidos dio luz verde a la continuidad del bombeo de petróleo a través del sistema de oleoductos Santa Ynez, en California, al respaldar la autoridad del Gobierno de Donald Trump para imponer su reactivación bajo la Ley de Producción de Defensa, en una disputa que enfrenta las prioridades de seguridad energética de Washington con las regulaciones ambientales del estado.
El fallo del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California rechazó el intento de las autoridades californianas de bloquear la orden emitida por el secretario de Energía, Chris Wright, y determinó que la disposición federal tiene capacidad para desplazar medidas estatales que interfieran con la operación del sistema.
La decisión representa una victoria para la Casa Blanca y para Sable Offshore Corp., compañía con sede en Texas que opera el proyecto Santa Ynez. El Departamento de Justicia sostuvo que la infraestructura es relevante para la seguridad energética nacional y para garantizar el suministro de combustible a refinerías de California.
El Gobierno federal afirma que el sistema puede movilizar alrededor de 50.000 barriles de petróleo diarios, aunque documentos oficiales previos habían señalado que la producción inicialmente se situaba cerca de 30.000 barriles diarios y podría alcanzar los 60.000.
Una disputa que comenzó con un derrame
El conflicto tiene como antecedente el derrame de Refugio Beach de 2015, cuando un segmento corroído del oleoducto CA-324 se rompió y liberó más de 120.000 galones de crudo cerca de Santa Bárbara. Al menos 21.000 galones llegaron al océano Pacífico, afectando la costa, la fauna marina y actividades económicas de la zona.
Después del accidente, las instalaciones quedaron sometidas a acuerdos judiciales y a supervisión estatal. California sostiene que cualquier reapertura debe cumplir con las normas ambientales y de seguridad vigentes.
El fiscal general del estado, Rob Bonta, demandó a la Administración Trump en marzo para impedir que la Casa Blanca utilizara la Ley de Producción de Defensa para desplazar la autoridad estatal sobre los oleoductos CA-324 y CA-325, conocidos como Las Flores Pipelines.
California argumenta que la orden federal constituye un exceso de poder y que la Administración Trump no puede utilizar una legislación diseñada para situaciones de seguridad nacional para evadir regulaciones estatales y acuerdos judiciales relacionados con una infraestructura petrolera.
Trump invoca la seguridad energética
La Administración Trump sostiene una posición contraria. El Departamento de Justicia afirmó que la decisión judicial confirma la capacidad del Gobierno federal para proteger la seguridad energética del país y evitar obstáculos estatales a infraestructura considerada estratégica.
Washington también vincula la reactivación con las alteraciones del mercado energético provocadas por la guerra con Irán. En marzo, el Departamento de Energía ordenó a Sable restablecer las operaciones de Santa Ynez precisamente bajo las facultades otorgadas por la Ley de Producción de Defensa.
El argumento de la Casa Blanca es que aumentar la producción doméstica y reducir la dependencia de crudo extranjero resulta necesario para proteger el suministro energético estadounidense.
California prepara una nueva batalla judicial
El Gobierno de California, sin embargo, mantiene su oposición y ha cuestionado tanto la legalidad de la orden federal como la forma en que la Administración Trump ha intentado asumir el control regulatorio de los oleoductos.
El fiscal general Bonta ya ha presentado varias acciones judiciales contra las decisiones federales relacionadas con el proyecto, mientras las autoridades estatales sostienen que el reinicio podría generar riesgos ambientales y de seguridad.
El enfrentamiento también plantea una disputa más amplia sobre los límites del poder federal frente a los estados. El fallo establece que, en este caso, la orden emitida bajo la Ley de Producción de Defensa puede prevalecer sobre medidas estatales que obstaculicen las operaciones del oleoducto.
Para la Administración Trump, el caso se ha convertido en parte de su política de “desatar” la producción energética estadounidense; para California, representa un precedente que podría debilitar sus competencias ambientales y de seguridad sobre infraestructura ubicada dentro de su territorio.
La batalla, por tanto, está lejos de terminar: California prevé continuar sus recursos legales contra la decisión, mientras Sable queda habilitada para mantener el transporte de crudo a través del sistema Santa Ynez bajo el respaldo de la orden federal.
