La ONG advirtió que la actual Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se aparta de lo previsto en la Constitución, que atribuye la preselección de candidatos a un Comité de Postulaciones Judiciales con participación exclusiva de la sociedad civil
Representantes de la ONG Acceso a la Justicia participaron en 196 jornadas de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde plantearon una ruta para garantizar la independencia en la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La ONG señaló que el país atraviesa «un proceso de reinstitucionalización que representa una oportunidad histórica para reconstruir sus instituciones democráticas» y permitir que la selección de los magistrados se ajuste al modelo constitucional.
En este sentido, la organización recordó que la renovación judicial, iniciada en abril de este año, quedó suspendida a finales de junio a raíz del doble terremoto que afectó al país. No obstante, subrayó que ese proceso forma parte de la agenda de reinstitucionalización de la mesa de diálogo, lo que «brinda la oportunidad de corregir sus deficiencias antes de que continúe», una corrección que calificó de indispensable.
En cuanto al marco legal, Acceso a la Justicia advirtió que la actual Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se aparta de lo previsto en la Constitución, que atribuye la preselección de candidatos a un Comité de Postulaciones Judiciales con participación exclusiva de la sociedad civil.
La ley vigente, en cambio, trasladó ese control a la Asamblea Nacional, lo que reduce la participación ciudadana y favorece la politización del proceso.
La ONG recordó que la norma fue reformada meses atrás para aumentar el número de magistrados, por lo que consideró que «si pudo modificarse para alterar la composición del Tribunal, también puede reformarse para adecuarla a la Constitución» y devolver a la sociedad civil su papel central en la preselección.
«No obstante, incluso si esa reforma no se produce, el proceso de selección ya iniciado debe retrotraerse hasta la fase de convocatoria de postulaciones, pues esta se desarrolló sin la transparencia exigida por la propia ley. Ello requiere, como mínimo, la publicación del baremo de evaluación, del número de vacantes, de las Salas a las que corresponden y de toda la información necesaria para garantizar un proceso abierto, verificable y sujeto al escrutinio ciudadano«, enfatizó la ONG.
Papel de la CIDH
En ese contexto, la ONG atribuyó a la CIDH un papel clave como acompañante técnico, capaz de promover estándares objetivos de evaluación y dar seguimiento al cumplimiento de los principios interamericanos de independencia judicial, transparencia y mérito.
«Su experiencia y autoridad en materia de independencia judicial la convierten en un actor idóneo para acompañar técnicamente este proceso, promover la aplicación de estándares objetivos de evaluación y dar seguimiento al cumplimiento de los principios interamericanos de independencia judicial, transparencia y mérito», se reiteró.
Para Acceso a la Justicia, «la reconstrucción del Estado de derecho en Venezuela comienza por recuperar la independencia de sus jueces, y esa confianza solo podrá restablecerse mediante un proceso de selección constitucional, transparente, participativo y basado exclusivamente en el mérito».
