Rosana Sosa García, experta en finanzas y consultora para Riskoff, firma especializada en gestión de riesgo en América Latina, sostiene que los procesos de reestructuración soberana requieren una revisión profunda de los pasivos existentes, especialmente en un contexto donde investigaciones judiciales en Estados Unidos. El doctor en Derecho Emilio Urbina Mendoza advirtió que, aunque técnicamente es viable avanzar en un proceso auditado por una firma internacional como KPMG, existen importantes desafíos relacionados con la legitimidad jurídica de los pasivos históricos, los conflictos de interés y los controles contra la legitimación de capitales
La eventual reestructuración de la deuda externa venezolana abre un nuevo capítulo para las finanzas del país. Mientras el Gobierno busca establecer mecanismos de negociación con sus acreedores, expertos plantean que un proceso transparente podría permitir ordenar obligaciones acumuladas durante décadas y sentar las bases para una futura recuperación económica.
Con una deuda que podría superar los 240.000 millones de dólares, según estimaciones de analistas citados por el Financial Times, el desafío no sería únicamente negociar nuevos términos de pago, sino establecer mecanismos de auditoría, trazabilidad y verificación que permitan diferenciar obligaciones válidas de reclamos cuestionables.
Rosana Sosa García, experta en finanzas y consultora para Riskoff, una firma especializada en gestión de riesgo en América Latina, apunta que se han analizado al menos 24 instrumentos de deuda pública venezolana emitidos principalmente entre 2007 y 2013.
La experta sostiene que los procesos de reestructuración soberana requieren una revisión profunda de los pasivos existentes, especialmente en un contexto donde investigaciones judiciales en Estados Unidos han documentado casos de corrupción vinculados a operaciones financieras de funcionarios venezolanos y al manejo de instrumentos como bonos y operaciones cambiarias.
Sosa García señala que algunos expedientes del Distrito Sur de Florida muestran patrones que deben ser considerados antes de reconocer la totalidad de las acreencias como obligaciones legítimas del Estado venezolano.
A su juicio, los casos judiciales relacionados con antiguos funcionarios de Pdvsa y la Tesorería Nacional evidencian la importancia de identificar quiénes son los verdaderos tenedores de los títulos y bajo qué condiciones fueron adquiridos.
Uno de los puntos centrales del análisis es que la deuda venezolana no puede ser evaluada únicamente desde una perspectiva contable, sino también desde una dimensión de integridad financiera. Para la especialista, una reestructuración sin una revisión exhaustiva podría generar riesgos legales y reputacionales para Venezuela y para los actores internacionales involucrados.
No se trata solamente de renegociar montos, plazos o intereses. El desafío es conocer la historia detrás de cada instrumento financiero», señala.
La consultora explica que la existencia de casos comprobados de corrupción vinculados al sistema financiero venezolano obliga a diferenciar entre acreedores legítimos y posibles reclamos contaminados por operaciones irregulares. En ese sentido, considera que una auditoría independiente permitiría fortalecer la confianza de los mercados y reducir futuros conflictos judiciales.
Sosa advierte que el éxito de una futura reestructuración dependerá menos de la velocidad del acuerdo y más de la transparencia del proceso. A su juicio, Venezuela necesitará demostrar que sus obligaciones financieras fueron revisadas bajo estándares internacionales si busca recuperar acceso sostenible al sistema financiero global.
La deuda debe dejar de ser vista únicamente como una cifra económica y entenderse como un conjunto de obligaciones que necesitan legitimidad, trazabilidad y confianza», destaca.
Estabilidad política y programa económico
La corporación S&P Global indicó en un informe que la renegociación soberana de Venezuela dependerá, en primer lugar, de la estabilidad política y de un programa económico que tenga la capacidad de sostener la recuperación petrolera.
Un plan económico creíble vinculado a la recuperación de la producción petrolera, junto con políticas fiscales y monetarias sólidas, es clave para el éxito de las negociaciones de reestructuración de la deuda en Venezuela», acotó.
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El documento de la firma recalcó que las negociaciones deberán tocar las distorsiones macroeconómicas que existen en el país, incluyendo los diversos tipos de cambio, los desequilibrios fiscales y la reconstrucción de la credibilidad institucional.
S&P Global agregó que para alcanzar niveles de deuda sostenibles en Venezuela, podría ser necesario un alivio de la deuda comparable o incluso superior a las quitas observadas en las recientes reestructuraciones soberanas.
Dependerá de su compromiso con las reformas políticas destinadas a mejorar la resiliencia económica, junto con una consolidación fiscal creíble y una composición de la deuda más sólida», indica la firma estadounidense.
KPMG y el desafío de la independencia auditora
El doctor en Derecho Emilio Urbina Mendoza analizó la posible reestructuración de la deuda externa venezolana y advirtió que, aunque técnicamente es viable avanzar en un proceso auditado por una firma internacional como KPMG, existen importantes desafíos relacionados con la legitimidad jurídica de los pasivos históricos, los conflictos de interés y los controles contra la legitimación de capitales.
En un trabajo de análisis jurídico y financiero, Urbina Mendoza sostiene que el debate central no está únicamente en la capacidad de Venezuela para generar nuevos flujos de ingresos, sino en la necesidad de depurar y validar las obligaciones acumuladas durante años antes de emitir nuevos instrumentos de deuda.
Una reestructuración respaldada por firmas internacionales y bajo estándares de organismos multilaterales debe sustentarse en un Análisis de Sostenibilidad de la Deuda que permita determinar la capacidad real de pago del Estado venezolano», menciona.
Urbina Mendoza plantea que la participación de KPMG como firma auditora requiere una revisión profunda sobre su independencia, debido a su relación histórica como auditor externo de Petróleos de Venezuela (pdvsa) durante años anteriores.
El jurista advierte que acreedores que decidan no participar en un eventual canje de deuda podrían cuestionar la neutralidad del proceso ante tribunales internacionales, alegando posibles conflictos derivados del papel previo de la firma en la revisión financiera de la estatal petrolera.
Cualquier auditoría destinada a validar una nueva estructura de deuda debe contar con un nivel de independencia que permita resistir eventuales litigios en jurisdicciones como Nueva York, donde se encuentran regulados muchos de los contratos financieros venezolanos», agrega.
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Riesgos de legitimación de capitales
El experto señala que uno de los principales desafíos será verificar la verdadera identidad de los tenedores de bonos venezolanos y evitar que estructuras offshore, fondos opacos o vehículos financieros oculten a personas vinculadas con corrupción o delitos financieros.
Además, advierte sobre la posibilidad de incorporar al proceso de reestructuración obligaciones comerciales infladas o sin respaldo suficiente, lo que convertiría pasivos irregulares en compromisos financieros reconocidos por el Estado.
