El presidente colombiano solicita a la justicia estadounidense investigar, procesar y eventualmente encarcelar al exmandatario Gustavo Petro por presuntos delitos de corrupción y narcotráfico. Sus declaraciones profundizan la confrontación política en Colombia.
Bogotá, 20 de noviembre de 2026.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó el 19 de noviembre una de sus acusaciones más severas contra su antecesor, Gustavo Petro, al calificar su administración como una «empresa criminal» y solicitar públicamente la actuación de las autoridades judiciales de Estados Unidos. El mandatario sostuvo que durante el gobierno anterior se habrían cometido irregularidades que podrían constituir violaciones de leyes nacionales e internacionales, particularmente en asuntos relacionados con corrupción, narcotráfico y utilización indebida de recursos públicos.
La declaración adquiere especial relevancia porque no se limita a un enfrentamiento político entre dos dirigentes de posiciones ideológicas opuestas. De la Espriella pretende que los organismos judiciales estadounidenses examinen los presuntos hechos delictivos y determinen si existen responsabilidades penales que justifiquen procesar al expresidente colombiano. Durante su intervención manifestó que Estados Unidos tendría competencia para investigarlo y expresó su deseo de que las actuaciones judiciales pudieran conducir, eventualmente, a su encarcelamiento. «Que actúe la justicia norteamericana», reclamó el jefe de Estado, insistiendo en que las pruebas deben examinarse sin privilegios derivados del poder político o económico.
El pronunciamiento también estuvo dirigido al senador Iván Cepeda y a otros representantes del Pacto Histórico, a quienes De la Espriella cuestionó por sus posiciones frente al actual gobierno. Según el mandatario, Colombia heredó una situación compleja en materia de seguridad, finanzas públicas y denuncias de corrupción, cuyos responsables deben ser identificados por las autoridades competentes. Sin embargo, las acusaciones formuladas durante su intervención no constituyen, por sí mismas, pruebas de culpabilidad. Tampoco presentó públicamente documentación específica que permitiera establecer cuáles investigaciones estadounidenses respaldarían sus afirmaciones.
La confrontación política se intensificó durante las movilizaciones opositoras del jueves 19 de noviembre. Gustavo Petro cuestionó la legitimidad del actual gobierno, exigió la renuncia de De la Espriella y convocó a mantener la movilización ciudadana. El presidente colombiano interpretó esas expresiones como una amenaza contra el orden constitucional y advirtió que las instituciones tienen la obligación de proteger la democracia. Por su parte, Petro rechazó el recurso a la justicia extranjera y sostuvo que el destino político de Colombia corresponde decidirlo a su propio pueblo.
La petición dirigida a Washington introduce un elemento adicional de tensión en las relaciones entre el gobierno colombiano y la oposición. No obstante, resulta indispensable distinguir entre una solicitud de investigaciones penales y una intervención militar: las declaraciones verificadas de De la Espriella estuvieron dirigidas específicamente a las autoridades judiciales estadounidenses. La eventual apertura de procesos, presentación de cargos o solicitud de extradición dependería de la existencia de pruebas, de la competencia de los tribunales y de los procedimientos establecidos por la legislación aplicable.
Las declaraciones del presidente colombiano abren así un nuevo capítulo de confrontación entre el poder ejecutivo y su antecesor. Mientras De la Espriella reclama que Estados Unidos esclarezca las posibles responsabilidades del gobierno anterior, Petro denuncia una amenaza contra la soberanía nacional. Más allá de la intensidad de las acusaciones, será la justicia, mediante investigaciones independientes y decisiones sustentadas en pruebas, la encargada de determinar si existen responsabilidades penales.
El debate ya no gira únicamente alrededor del legado político de Gustavo Petro, sino también sobre la posibilidad de que sus actuaciones durante el ejercicio presidencial sean sometidas al escrutinio de tribunales internacionales o extranjeros. Por ahora, ese escenario sigue siendo una posibilidad jurídica y política, no una condena ni una responsabilidad penal demostrada.
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