El fiscal general de EE.UU., Todd Blanche, respalda la demanda para frenar la certificación electoral en Alaska, planteando un conflicto con organizaciones defensoras de derechos civiles que la consideran una amenaza a la democracia.
La controversia se desata en Alaska, donde el fiscal general de EE.UU., Todd Blanche, ha salido en defensa de una demanda presentada por el Departamento de Justicia a instancias del presidente Donald Trump. Este recurso busca frenar la certificación de los resultados electorales en el estado si el candidato republicano, Daniel S. Sullivan, pierde en las próximas elecciones del 3 de noviembre.
En su cuenta de la plataforma X, Blanche argumentó que el objetivo de la demanda es asegurar que las boletas se conserven de tal manera que solo las autoridades de Alaska tengan la información necesaria para verificar si hubo confusión o engaño entre los votantes. Sin embargo, esta justificación ha sido recibida con escepticismo y rechazo por organizaciones de defensa de los derechos civiles, que han calificado la acción como un ataque «sin precedentes» a la democracia.
La demanda, presentada el jueves, solicita a los tribunales que suspendan la certificación de los resultados y permitan una investigación si Sullivan, actual senador por Alaska, es derrotado por la demócrata Mary Peltola, quien actualmente lidera las encuestas por un estrecho margen.
La controversia se agrava con la presencia de un tercer candidato, el independiente Daniel J. Sullivan, lo que, según el Gobierno, podría generar confusión entre los votantes. Así, se pide que, en caso de una derrota republicana, se revisen los votos emitidos a favor del independiente para determinar si los electores realmente pretendían votar por el senador actual.
Los republicanos han intentado descalificar a J. Sullivan, acusándolo de ser un «impostor» y de tener vínculos con los demócratas, alegaciones que el candidato ha rechazado y que no han sido respaldadas por pruebas concretas.
Por su parte, varias organizaciones de la sociedad civil y la campaña de Peltola han presentado una contrademanda, acusando al Ejecutivo de interferir en unas elecciones administradas por las autoridades estatales de Alaska y de llevar a cabo un «ataque a nivel nacional» contra el proceso electoral.
En declaraciones a la prensa en Florida, Trump admitió haber instado a Blanche a presentar la demanda, afirmando: «Fui yo el que dije que debía hacerse». Esta acción legal se suma a otras iniciativas del Departamento de Justicia, liderado por Blanche, exabogado personal de Trump, en el contexto de las elecciones de medio término.
En California, el Departamento ha amenazado con investigar a las autoridades electorales que no colaboren en la identificación de presuntos votantes no ciudadanos, a pesar de que estudios indican que el voto de no ciudadanos es «extremadamente infrecuente». Además, se ha anunciado el despliegue de un número récord de 1.000 observadores federales en los centros de votación de todo el país este noviembre.
Las elecciones de medio término, que renovarán un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, son cruciales para el Partido Republicano, que busca mantener el control del Congreso ante la posibilidad de que los demócratas se conviertan en un contrapeso a la agenda de Trump.
