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Alcaldesa de Doral aseguró que la ciudad no comparte datos de sus residentes con ICE y negó que coopera con las redadas migratorias

La funcionaria local precisó que el ayuntamiento se entera de las acciones de control migratorio por denuncias en redes sociales

La alcaldesa de la ciudad de Doral, Christi Fraga, aseguró que la administración local no comparte información ni bases de datos de sus residentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La declaración se emitió en el marco de las intervenciones federales en el estado de Florida, las cuales generaron temor de deportación entre la población migrante.

Sin embargo, la funcionaria aclaró durante una entrevista concedida a la periodista Alejandra Oraa, que la alcaldía carece de canales de notificación previa o coordinación operativa directa con las fuerzas de inmigración federales.

«No tenemos ningún contacto, no tenemos ninguna información que sea compartida; ellos no nos comparten a nosotros. Nosotros nos enteramos de que ellos están en la ciudad por la misma forma en que se entera la comunidad: viéndolo por las redes, porque lo comunica un residente. Es la única forma en que nosotros sabemos que ellos están conduciendo algún tipo de operación en nuestra ciudad. No hay ningún dato que se comparta, ni ellos a nosotros ni nosotros a ellos. No tenemos esa comunicación a diario con sus agentes», insistió.

Asimismo, la alcaldesa hizo referencia a los registros oficiales del estado de Florida sobre los acuerdos 287(g), mecanismo que faculta a las fuerzas del orden locales a ejercer funciones de control migratorio.

«Vas a ver que Doral dice cero: que no tenemos ninguna persona entrenada, que nunca hemos estado operacionales —dice ‘operational: non-active’— y que nunca hemos tenido un arresto que haya involucrado a ICE», agregó.

Respecto a la posibilidad de declarar a Doral como una ciudad santuario, Fraga enfatizó que la legislación del estado de Florida prohíbe expresamente dicha categorización y recordó que las disposiciones del acuerdo 287(g) rigen en la entidad desde hace más de dos décadas.