Detención de Santiago Morón, abogado marabino, copropietario de la empresa Cresmoca y “asistente” de Nicolás Maduro Guerra, “Nicolasito” en importantes negocios vinculados con exportaciones del gobierno, se sacuden los círculos del poder político revolucionario en el estado. Tarek William Saab, fiscal general de la República, lidera las investigaciones.
La lucha contra la corrupción dentro del gobierno de Nicolás Maduro tiene un nuevo protagonista. Santiago Morón, abogado marabino, copropietario de la empresa Cresmoca y “asistente” de Nicolás Maduro Guerra, “Nicolasito” en importantes negocios vinculados con exportaciones del gobierno, habría sido detenido en los cuarteles de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por instrucciones de Tarek William Saab, fiscal general de la República.
La orden tendría relación con operaciones irregulares ejecutadas desde Maracaibo, estado Zulia, donde sabuesos comenzaron pesquisas. A ello se le uniría a una supuesta agresión a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, tras una discusión.
El portal Cuentas Claras Digital publicó que el enfrentamiento se debió al reclamo del primero en torno a su salida y la de su hermano Ricardo Morón Hernández de la lista OFAC, en el marco de las negociaciones de Barbados.
“Como se recordará, Nicolás Maduro hijo (Nicolasito) forma parte de la delegación oficialista en las negociaciones de Barbados. Su prioridad personal ha sido que EE. UU. saque de la lista de sancionados a Santiago y Ricardo Morón. Como esto no ha sucedido, los hermanos Morón le atribuyen a Jorge Rodríguez – jefe de la delegación – falta de interés para gestionar la petición de Nicolasito”.
¿Se acabó el blindaje?
Que pese a ser uno de los empresarios más cercanos de “Nicolasito” acentúa el temor y sacude los círculos del poder político revolucionario en el estado.
Morón, sancionado junto con su hermano Ricardo, ingeniero y corredor de bolsa, por el Departamento del Tesoro de los EE.UU., había sido señalado por el exjefe del Sebin, Manuel Cristopher Figuera, como parte del esquema de saqueo del oro en Venezuela. ¿Caerán más figuras públicas vinculadas con el Psuv en el Poder Moral y Legislativo? Todo indica que sí.
Las informaciones sobre Santiago Morán abundan en medios digitales luego que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó junto con su hermano Ricardo José por supuestos manejos financieros ilegales al gobierno venezolano.
En un reportaje de La Gran Aldea se hace referencia al comunicado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro, que lo sancionó por presuntas operaciones irregulares para brindar apoyo a Nicolás Ernesto Maduro Guerra y a las actividades ilegales de miembros del alto gobierno. La medida correspondía a una Orden Ejecutiva (EO) 13692, en su versión enmendada.
Tanto Santiago como Ricardo, según ese comunicado, “distribuyen activos para Maduro y su familia en todo el mundo. Maduro Guerra contrató a Santiago y Ricardo para realizar negocios en su nombre. Los dos hermanos utilizaron diferentes empresas para realizar transacciones. Además, Santiago es el asistente principal de Maduro Guerra y lo acompaña regularmente mientras Ricardo maneja las actividades operativas”.
Por separado, Maduro Guerra, Santiago, Ricardo y sus aliados más cercanos son figuras centrales en la industria del oro de Venezuela. Maduro Guerra está acusado de realizar transacciones ilícitas, incluida la venta de oro extraído en Venezuela y enviado desde el Banco Central de Venezuela, que fue sancionado por la OFAC el 17 de abril de 2019 de conformidad con la EO 13850. Santiago y Ricardo supervisan el mecanismo financiero del esquema de oro ilícito”, indica la OFAC.
“En el mecanismo establecido por el gobierno de Maduro para procesar y comercializar el oro del Arco Minero se destacan seis empresas mixtas, de cuya producción una parte va al BCV y otra se exporta por vías clandestinas, no declaradas”
“Como resultado de la acción, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y debe informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de las personas designadas. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas”, señalaba el comunicado.
Negocios entre amigos
En el mecanismo establecido por el gobierno de Maduro para procesar y comercializar el oro del Arco Minero, siempre, según reportaje de La Gran Aldea, se destacan seis empresas mixtas, de cuya producción una parte va al Banco Central de Venezuela (BCV) y otra se exporta por vías clandestinas, no declaradas, hacia países aliados como Irán y Turquía.
Esas empresas fueron creadas o convenidas entre el Gobierno y personas vinculadas a la cúpula. Uno de los operadores más importantes del entramado ha sido “Nicolasito”, y en las directivas de estas empresas figuran reconocidos amigos y socios de la familia presidencial.
Piezas clave en este negocio son los hermanos Morón Hernández, y el colombiano Alex Nain Saab Morán. También tendrían asignaciones supuestos testaferros de los hijos de Cilia Flores, Yoswal Alexander y Yosser Daniel Gavidia Flores, como lo son, Mario Enrique Bonilla Vallera, prófugo de la justicia de Estados Unidos y Raúl Eduardo Saavedra Leterni.
En busca del oro
Desde finales del 2015, producto del descalabro de la industria petrolera, el Gobierno bajo la conducción de Nicolás Maduro encontró en la extracción del oro una vía rápida para obtener nuevos ingresos en divisas.
Así es que luego de haber expropiado a las grandes empresas tecnológicas como lo eran Crystallex y Gold Reserve, en 2008, comienza una nueva estrategia llamando a nuevas empresas foráneas de países como China, Rusia, RD Congo, Suráfrica, Palestina, Alemania y Suiza para proyectos que denominaron el “Motor Minero de la Agenda Económica Bolivariana”.
El 24 de febrero de 2016 se promulgó el Decreto No.2.248, Gaceta Oficial No.40.855, que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco y que abarca un área de 111.800 kilómetros cuadrados (km2) en el estado Bolívar para explotar oro, hierro, bauxita, coltán, diamante, manganeso y granito.
El plan se proyecta bajo la figura de empresas mixtas y para finales de 2016 se formalizó en Gaceta la creación de las empresas mixtas denominadas: Siembra Minera, Minera Metales del Sur, Minera Ecosocialista Parguaza y Minera Ecosocialista Oro Azul para explotar coltán.
Los Morón Hernández son oriundos de Maracaibo, estado Zulia. Aparecen desde 1987 junto con su padre como fundadores de la empresa Cresmo. Desde 2007 ejecutaron proyectos en Fondur, Metro de Maracaibo, Ducolsa y el Ministerio de Prisiones según el Registro Nacional de Contratistas”.
Pero un rasgo común en este nuevo plan es que el gobierno de Maduro centró la minería del oro y de diamantes del Arco Minero del Orinoco en la “pequeña minería” o artesanal. En aquel momento, tras la salida de las grandes empresas, la zona había sido tomada por cerca de 40 mil mineros artesanales. Una forma de explotación aurífera agresiva, sin tecnologías de punta, con el uso de materiales como mercurio o cianuro sin mecanismos de control ambiental, y la intervención directa de la capa vegetal de la superficie de los bosques y ríos de la región. La depredación llegó hasta las zonas protegidas y reservas forestales.
Desde abril de 2017 comenzaron a ingresar a las bóvedas del BCV cargamentos de barras de oro provenientes de las compras que la filial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) como Minerven hacían de la producción de la pequeña minería a través del Consejo Popular Minero en el Arco Minero del Orinoco, y que se paga a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).
Desde luego que las más importantes empresas mineras receptoras del material aurífero para ser transformado en barras de oro fueron las firmas creadas para tal fin por el gobierno de Maduro, asignadas a testaferros y amigos.
Al mismo tiempo, tras la creación del Arco Minero del Orinoco, los pequeños mineros del oro al sur del estado Bolívar que allí operaban fueron sometidos por bandas, sectores militares y los grupos irregulares (FARC y ELN) que se apoderaron de la zona. Al mismo tiempo comenzaron a disputarse el control de los yacimientos y rutas de extracción, generando anarquía con gran cantidad de masacres que se han registrado en la región.
Las supuestas conexiones de “Nicolasito”
A finales de 2018, el diputado a la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, del partido Causa R, cuando se encontraba asilado en la Embajada de Italia, en Caracas, acusó al hijo de Nicolás Maduro de controlar las minas de coltán en Parguaza, al sur de Venezuela.
Tal denuncia coincidía con la del ex jefe de Inteligencia de Maduro, quien tras desertar y exiliarse en EE.UU., declaró que había investigado a una compañía creada por el asistente del hijo de Maduro, Santiago Morón. A través de esta empresa se habría establecido un monopolio en la compra del oro a mineros artesanales a bajos precios, para luego venderlo por cantidades mayores al BCV. Cristopher Figuera estaba preparado para llevar la información a Maduro; pero, dijo que “un oficial cercano al presidente le recomendó no hacerlo”.
Entre las actividades a las que ha sido asignado Nicolás Maduro Guerra están las de diputado Asamblea Nacional Constituyente (ANC), miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y director del Cuerpo Especial de Inspectores de la Presidencia, un organismo creado para vigilar el manejo de fondos del Gobierno. “Nicolasito” también está incluido en las sanciones de la OFAC, según la orden 13692, “por socavar la democracia en Venezuela”.
Las empresas de “Nicolasito”
Una de las empresas de la alianza de Maduro Guerra y los hermanos Morón Hernández que operó en el estado Bolívar fue la empresa mixta Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza (Emmepsa) surgida tras el decreto minero de 2016.
Esta empresa mixta fue conformada con 55 % de la Corporación Venezolana de Minería y 45 % de la Corporación FAOZ del abogado Félix Ángel Oliveros Alcalá, hijo del coronel Félix Ángel Oliveros Zerpa, del círculo íntimo de “Nicolasito”.
Pero una demanda por “estafa” contra Oliveros permitió que la empresa en 2018 pasara a manos de Santiago Morón (representante del Estado), el abogado Alejandro Batraki, Alberto Romero y Jonel Ortiz.
En el Arco Minero del Orinoco se practica una forma de explotación aurífera agresiva, sin tecnologías de punta, con el uso de materiales como mercurio o cianuro sin mecanismos de control ambiental”.
Oliveros Alcalá, quien hoy se encuentra en España, estuvo detenido durante 45 días en la Dgcim, donde, según reportes de medios informativos (Venezuela USA.org), lo obligaron a firmar documentos y transferir información de toda la operatividad de la empresa.
Así suscribió también contrato en 2016 para la explotación de minerales no metálicos en el estado Nueva Esparta con la Empresa Conjunta Minera de Nueva Esparta (Ecomine).
De acuerdo a las denuncias de Oliveros Alcalá en aquel momento, ahora el control total del negocio minero está en manos de “Nicolasito”. Sus operadores son los hermanos Morón y Saab, quien se encarga de la parte internacional del negocio.