La Administración estadounidense presenta una solicitud de emergencia que incluye exigencias de suspensión judicial prolongada y advierte que la restitución del beneficio podría obligarla a liberar a unos 1.800 inmigrantes detenidos y paralizar hasta 332 órdenes de deportación.
WASHINGTON. — El Gobierno del presidente Donald Trump abrió este miércoles 18 de noviembre un nuevo capítulo de su confrontación jurídica por el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los venezolanos, al presentar ante la Corte Suprema de Estados Unidos una solicitud de emergencia destinada a impedir el restablecimiento de este mecanismo de protección migratoria.
La acción, presentada por el procurador general ante la Corte Suprema, D. John Sauer, representa la tercera intervención del Gobierno ante el máximo tribunal en esta controversia. El objetivo es mantener suspendida una sentencia federal que había declarado contraria a la legislación administrativa la decisión de cancelar las protecciones otorgadas a cientos de miles de ciudadanos venezolanos.
Una solicitud con amplias exigencias jurídicas
El documento presentado por el Departamento de Justicia no se limita a solicitar una suspensión momentánea.
La Administración Trump exige que se paralicen de inmediato los efectos de la sentencia emitida por el juez federal Edward Chen, del Distrito Norte de California, y que la suspensión continúe mientras se resuelve la apelación ante el Noveno Circuito.
El Gobierno también pretende que esa protección procesal se prolongue durante una eventual nueva revisión de la Corte Suprema, si el tribunal de apelaciones vuelve a fallar en su contra.
De esta manera, la administración busca evitar que una sentencia favorable a los beneficiarios del TPS produzca efectos mientras continúan los procedimientos judiciales.
La argumentación gubernamental también cuestiona la facultad de los tribunales federales para revisar determinadas decisiones del Departamento de Seguridad Nacional relacionadas con la terminación de programas de protección temporal.
Los 1.800 detenidos y las 332 deportaciones
Uno de los argumentos más significativos del escrito gubernamental se relaciona directamente con las operaciones de control migratorio.
El Departamento de Justicia sostiene que la restitución del TPS podría obligar a las autoridades estadounidenses a liberar aproximadamente a 1.800 venezolanos actualmente bajo custodia migratoria.
Asimismo, afirma que impediría ejecutar hasta 332 órdenes definitivas de deportación y obligaría a restablecer autorizaciones de empleo a beneficiarios afectados.
Estas cifras forman parte de las estimaciones y alegatos oficiales presentados ante la Corte Suprema. No constituyen una determinación judicial independiente sobre la situación individual de todas esas personas.
La Administración considera que semejantes consecuencias producirían perjuicios graves para la ejecución de su política migratoria.
La respuesta de quienes defienden el TPS
Desde la posición contraria, la Alianza Nacional TPS y sus representantes legales sostienen que la cancelación del programa ocasionó detenciones, separaciones familiares y expulsiones de personas que anteriormente contaban con protección migratoria.
Sus abogados consideran injustificada una nueva intervención de emergencia de la Corte Suprema mientras el Noveno Circuito continúa examinando el expediente.
El conflicto enfrenta dos interpretaciones jurídicas: por un lado, la amplitud de las facultades del Ejecutivo para terminar una designación de TPS y, por otro, los límites legales que deben respetarse al adoptar esa decisión.
Un nuevo movimiento judicial cambia el escenario del 20 de noviembre
La fecha del viernes 20 de noviembre había adquirido especial importancia porque estaba previsto que expirara una suspensión temporal del fallo favorable a los venezolanos.
Sin embargo, durante la misma jornada del 18 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito concedió una nueva suspensión administrativa que se extenderá hasta siete días después de que emita su próxima decisión.
Esta actuación modifica el escenario inmediato y significa que el vencimiento del 20 de noviembre ya no garantiza por sí solo el restablecimiento del beneficio.
Mientras tanto, la solicitud presentada ante la Corte Suprema continúa siendo otro frente de la batalla judicial.
¿Qué está en juego para los venezolanos?
Se estima que alrededor de 600.000 venezolanos habían recibido protección mediante las designaciones de TPS, aunque esa cifra histórica no equivale necesariamente al número de beneficiarios que actualmente permanecen en Estados Unidos.
Para muchas de estas personas, la controversia tiene consecuencias que van más allá de los tribunales: involucra estabilidad laboral, protección frente a la deportación, continuidad familiar y seguridad jurídica.
Debe aclararse que la nueva solicitud gubernamental no establece requisitos adicionales de inscripción al TPS. Sus exigencias están dirigidas a los tribunales, con el propósito de bloquear la aplicación de una sentencia favorable a los migrantes.
Tampoco significa que todas las solicitudes de asilo o residencia permanente de ciudadanos venezolanos hayan sido canceladas. Son procedimientos jurídicos distintos, aunque determinadas personas puedan mantener solicitudes paralelas.
Una decisión pendiente y miles de vidas bajo incertidumbre
La nueva ofensiva judicial del 18 de noviembre confirma que el futuro del TPS venezolano continúa siendo objeto de una controversia legal de gran alcance.
Mientras la Administración Trump reivindica sus atribuciones en materia de control migratorio, las organizaciones defensoras de los beneficiarios reclaman el cumplimiento de las protecciones y garantías previstas en la legislación estadounidense.
La Corte Suprema tiene ahora ante sí otra petición de emergencia, mientras el Noveno Circuito prosigue su revisión.
Por el momento, no existe una restitución general y definitiva del TPS derivada de estos acontecimientos. La decisión sobre su restablecimiento continúa condicionada al desarrollo del proceso judicial.
El Nuevo Papel — En la Red de la Verdad
Por Asdrúbal Boscan — CNP 7448















