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Venezuela y OIM firman acuerdo para combatir trata de personas

La Fiscalía General de la República y la Organización Internacional para las Migraciones establecen un memorándum de entendimiento enfocado en la lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes. La alianza busca mejorar la atención a las víctimas y fortalecer la cooperación institucional

En un paso significativo hacia la protección de los más vulnerables, la Fiscalía General de la República de Venezuela y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) firmaron este lunes un acuerdo que busca combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Esta colaboración se presenta como una respuesta urgente a un problema que afecta a millones en la región

El fiscal general, Larry Devoe, destacó en su cuenta de X que este memorándum de entendimiento tiene como objetivo «robustecer los mecanismos de cooperación» en la lucha contra estos delitos, así como en la atención integral de las víctimas. «Esta alianza nos permitirá coordinar experiencias y buenas prácticas institucionales», subrayó Devoe, enfatizando la importancia de fortalecer las capacidades preventivas frente a diversas formas de violencia.

Además, el fiscal anunció que se proporcionará asistencia técnica especializada para garantizar el bienestar físico, mental y psicosocial de las personas afectadas. La firma del acuerdo se llevó a cabo en conjunto con Lia Poggio, jefa de misión de la OIM en Venezuela, quien ha estado involucrada en la atención a la crisis migratoria en el país.

Este esfuerzo se da en un contexto alarmante. El pasado 3 de noviembre, el Ministerio de Interior y Justicia reportó la captura de dos mujeres en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, por su supuesta vinculación con una red de trata de personas. La situación es crítica, y hasta agosto de este año, la Plataforma de Coordinación Interagencial R4V registraba al menos 6,97 millones de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe.

La lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes se convierte, así, en una prioridad no solo para el gobierno venezolano, sino también para las organizaciones internacionales comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas