El economista alertó que vincular los ajustes exclusivamente con el crecimiento de la economía no permitirá compensar la pérdida de capacidad de compra de los trabajadores. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, explicó que el PIB real mide la evolución de la actividad económica sin incorporar las variaciones de los precios, por lo que no refleja el encarecimiento de los bienes y servicios
El economista José Guerra cuestionó la propuesta del Ejecutivo de establecer cuatro ajustes a los ingresos de los trabajadores durante 2027, al considerar que utilizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real como única referencia no garantiza la recuperación del poder adquisitivo frente a la inflación.
Delcy Rodríguez, encargada del interinato, anunció el esquema este jueves 29 de octubre, al informar sobre los resultados de las conversaciones de una mesa de diálogo en la que participan representantes del Gobierno, centrales sindicales y cámaras empresariales.
Según explicó Rodríguez, los trabajadores recibirán cuatro incrementos durante el próximo año, calculados con base en el crecimiento económico del trimestre anterior. Cada ajuste tendrá como mínimo el porcentaje de crecimiento registrado en ese período.
En el año 2027 están previstos incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos, y que en ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda”, expresó la mandataria.
Sin embargo, Guerra, reseñó El Nacional, advirtió que vincular los ajustes exclusivamente con el crecimiento de la economía no permitirá compensar la pérdida de capacidad de compra de los trabajadores. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, explicó que el PIB real mide la evolución de la actividad económica sin incorporar las variaciones de los precios, por lo que no refleja el encarecimiento de los bienes y servicios.
El economista estima que, bajo este mecanismo, los incrementos podrían ubicarse en porcentajes inferiores o cercanos al 10 %, lo que, a su juicio, resultaría insuficiente para contrarrestar el deterioro acumulado de los ingresos laborales.
Como alternativa, Guerra propuso incorporar la inflación en los criterios para determinar los aumentos, con el propósito de establecer mecanismos que protejan el poder adquisitivo y permitan recuperar parte de los ingresos perdidos por el encarecimiento del costo de vida.
El anuncio del Ejecutivo tampoco precisó si los ajustes se aplicarán directamente al salario base o si se mantendrá el esquema de bonificaciones utilizado en la política de remuneración estatal. Esta incertidumbre deja abiertas las interrogantes sobre las posibles repercusiones en el cálculo de las prestaciones sociales y otros beneficios laborales.
La propuesta se presenta en medio de las exigencias de los gremios sindicales, que reclaman mejoras salariales ante la pérdida de poder adquisitivo. Entre sus demandas también figura la revisión de las prestaciones sociales y los aguinaldos correspondientes a 2026.
