La decisión representa un revés para varias ciudades gobernadas por demócratas que buscaban restablecer la medida. La regla fue bloqueada mediante una orden judicial acordada entre Texas y el gobierno del presidente Donald Trump, después de que el estado presentara una demanda para impugnar su aplicación.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes intervenir en una disputa judicial sobre una normativa migratoria impulsada durante el gobierno del expresidente Joe Biden, que permitía a los jueces de inmigración suspender determinados procedimientos de deportación.
La decisión representa un revés para varias ciudades gobernadas por demócratas que buscaban restablecer la medida. Las autoridades locales sostienen que la normativa facilitaba la protección de víctimas de delitos y de menores en situación de desamparo.
La regla fue bloqueada mediante una orden judicial acordada entre Texas y el gobierno del presidente Donald Trump, después de que el estado presentara una demanda para impugnar su aplicación.
Durante el litigio, Texas argumentó que el mecanismo conocido como «cierre administrativo» se amplió considerablemente durante la administración de Biden y que, en la práctica, permitía que algunos inmigrantes permanecieran en el país de manera indefinida sin que sus casos avanzaran.
La normativa otorgaba a los jueces migratorios la posibilidad de suspender temporalmente determinados procedimientos, sin resolver de inmediato si correspondía ordenar la deportación.
Las ciudades de Baltimore, en Maryland; Columbus, en Ohio; y New Haven, en Connecticut, junto con la organización jurídica Centro Legal de la Raza, solicitaron intervenir en el proceso para defender la vigencia de la medida.
Después de que un juez rechazara su petición, las localidades y la organización presentaron un recurso de emergencia ante la Corte Suprema.
Representadas por la organización Democracy Forward, las ciudades y el grupo jurídico argumentaron que Texas y el gobierno de Trump colaboraron para conseguir el bloqueo permanente de la normativa a través de un acuerdo judicial, sin recurrir al procedimiento público de elaboración de reglas.
El Departamento de Justicia pidió a los magistrados que rechazaran la solicitud. Entre sus argumentos, sostuvo que las ciudades no tenían legitimación jurídica para impugnar el acuerdo y que tampoco habían demostrado que fueran a sufrir un perjuicio legal inmediato.
La Corte Suprema se negó a intervenir en esta etapa del litigio, por lo que la normativa permanece bloqueada.
