Por Licenciado Asdrúbal Boscán
En Estados Unidos, la palabra “opción” para el inmigrante irregular es, en muchos casos, una ilusión. Legalizarse no es simplemente una decisión personal: es una obligación impuesta por un sistema que, cada vez con mayor rigor, reduce los márgenes de la informalidad. No se trata solo de cumplir la ley; se trata de sobrevivir dentro de ella.
El inmigrante que permanece sin estatus legal vive en una constante línea de vulnerabilidad. No puede acceder plenamente al sistema de salud, enfrenta barreras laborales, carece de protección ante abusos y, en muchos casos, vive con el temor permanente de ser detenido o deportado. La legalización, entonces, no es un lujo: es un escudo.
Desde el punto de vista jurídico, el Estado estadounidense ha sido claro: quien reside en su territorio debe regularizar su situación migratoria. Las políticas migratorias, más allá de sus matices políticos, coinciden en un principio común: el control. Y dentro de ese control, la figura del inmigrante irregular es vista como una anomalía que debe corregirse.
Pero hay un trasfondo más profundo. Legalizarse también es un acto de dignidad. Es la posibilidad de existir con nombre, con derechos, con identidad reconocida. Es poder trabajar sin miedo, construir crédito, aspirar a una vivienda, proyectar un futuro para los hijos. En otras palabras, es dejar de sobrevivir para empezar a vivir.
Sin embargo, el camino hacia la legalización no siempre es claro ni justo. Los procesos son largos, costosos y, en muchos casos, excluyentes. Para miles de inmigrantes —especialmente provenientes de países como Venezuela, Honduras o Nicaragua— la regularización se convierte en una carrera de obstáculos marcada por la burocracia, la incertidumbre y los cambios políticos.
Aquí es donde surge la gran contradicción: se exige legalidad en un sistema que no siempre facilita alcanzarla. Se criminaliza la irregularidad, pero se limita el acceso a la regularización. Y en ese vacío, el inmigrante queda atrapado.
Legalizarse no debería ser visto como una imposición fría del Estado, sino como un derecho accesible, transparente y humano. Porque detrás de cada expediente hay una historia, una familia, una lucha.
Hoy, más que nunca, el debate migratorio en Estados Unidos exige honestidad. No se puede seguir exigiendo cumplimiento sin ofrecer caminos reales. No se puede pedir orden sin justicia.
Para el inmigrante, legalizarse no es una opción moral: es una necesidad vital. Pero para el Estado, debería ser una responsabilidad garantizar que ese camino exista y sea posible.
Porque al final, la verdadera ilegalidad no está en quien busca un futuro mejor, sino en un sistema que muchas veces le cierra la puerta.
