Acceso a la Justicia subrayó que la norma no contempla una fecha de expiración para quienes resultaron beneficiados. El pronunciamiento de las ONG se produjo después de que Rodríguez anunciara que “la Ley de Amnistía llega a su fin”. La Ley de Amnistía aprobada en febrero abarca hechos ocurridos entre 1999 y 2026, pero excluye numerosos delitos y situaciones
Varias organizaciones no gubernamentales venezolanas rechazaron este jueves el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre el supuesto fin de la Ley de Amnistía, al considerar que la medida carece de sustento legal y representa una vulneración de la separación de poderes.
La ONG Provea afirmó en su cuenta de X que la decisión constituye una acción “arbitraria e inconstitucional”, al recordar que la derogación de una ley no corresponde al Poder Ejecutivo, sino al Parlamento o al Tribunal Supremo de Justicia mediante los mecanismos establecidos en la Constitución.
En la misma línea, Acceso a la Justicia subrayó que la norma no contempla una fecha de expiración para quienes resultaron beneficiados, por lo que sigue plenamente vigente mientras no sea anulada por otra disposición de igual jerarquía.
La intervención del Ejecutivo en competencias legislativas y judiciales representa una violación del principio de separación de poderes”, advirtió la organización.
Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón señaló que declarar el cierre de una ley mediante un anuncio administrativo genera un escenario de inseguridad jurídica para las víctimas y para quienes aún esperan medidas de libertad.
La organización añadió que la decisión deja en situación de mayor vulnerabilidad a los presos políticos que no fueron incluidos en la aplicación inicial de la amnistía y envía un mensaje preocupante al sistema judicial venezolano.
El pronunciamiento de las ONG se produjo después de que Rodríguez anunciara que “la Ley de Amnistía llega a su fin”, apenas dos meses después de su aprobación, pese a que organizaciones independientes sostienen que todavía permanecen 473 presos políticos en el país.
Aunque la mandataria aseguró que los casos excluidos podrán ser revisados en otros mecanismos institucionales, no precisó cómo funcionarán esos procesos ni bajo qué criterios serán evaluados.
La Ley de Amnistía aprobada en febrero abarca hechos ocurridos entre 1999 y 2026, pero excluye numerosos delitos y situaciones, entre ellos casos vinculados con violaciones de derechos humanos, homicidio, corrupción y determinadas actuaciones militares, lo que desde su origen generó cuestionamientos entre defensores de derechos humano
