En un comunicado compartido en sus redes sociales, explicó que solicitó asilo en la residencia de la embajada colombiana el 11 de enero y dos días después fue notificada verbalmente de que fue concedido
La abogada disidente del chavismo María Alejandra Díaz rompió el silencio y admitió este martes estar asilada desde el pasado mes de enero en la Embajada de Colombia en Venezuela por una «persecución» en su contra.
En un comunicado compartido en sus redes sociales, explicó que solicitó asilo en la residencia de la embajada colombiana el 11 de enero y dos días después fue notificada verbalmente de que fue concedido.
«Permanecí escondida hasta que el día 11 de enero de 2025, y estando aún bajo la persecución de la PNB antiterrorismo, me presenté en la residencia del Embajador de Colombia en Venezuela solicitando asilo diplomático frente al acoso del gobierno nacional. Fui recibida por el propio embajador y entrevistada por el segundo secretario, quien además es el abogado asignado al caso, quien me entrevistó y dejó asentada mi petición formal y el relato correspondiente», señaló la abogada disidente del chavismo.
Dijo que se le «pidió guardar silencio» sobre su situación y no opinar sobre política interna. «He cumplido cabalmente con mi palabra hasta el día de hoy, pues las condiciones han cambiado, a partir de la publicación del informe de la ONU sobre el patrón de persecución contra mi persona que pudo detectarse», señaló Díaz.
La abogada denunció además que, hace dos meses, fue notificada de que el régimen de Nicolás Maduro se niega a otorgarle un salvoconducto, debido a que, «según ellos», no existe ninguna persecución en su contra.
Ante ello, Díaz pidió a través del comunicado respeto a su «condición de asilada debido al peligro que representa salir de la residencia del embajador sin la debida protección» y que, en ese sentido, el régimen de Maduro «entregue el respectivo salvoconducto, en cumplimiento del derecho internacional».
También solicitó que, «en virtud de los convenios internacionales que rigen la materia del asilo y del convenio firmado a propósito de la creación de la zona binacional entre ambos países, y como muestra de una paz duradera que empieza por el respeto a las leyes internacionales, se le dé celeridad a la solución definitiva» de su caso.
Por último, hizo un llamado a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) a interceder «ante los gobiernos respectivos» por su «protección, seguridad y el respectivo salvoconducto».
La abogada agradeció al gobierno colombiano y a su presidente, Gustavo Petro, por otorgar el asilo y por «la protección brindada durante todos estos meses de aislamiento y encierro».
En noviembre de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia le impuso una multa a la abogada por asesorar un recurso en el que se pedía ordenar la publicación de los resultados desagregados de las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la victoria a Nicolás Maduro.
Además, la sancionó con una prohibición para ejercer su profesión en el país.
El TSJ aseguró que el amparo constitucional introducido por Díaz «cuestiona e irrespeta la potestad que ostenta» el Supremo y que, además, «pretenden generar zozobra y conmoción en la población».
«Nos castigan eliminando nuestro derecho al trabajo, pero, además, sin un debido proceso. Es nuestro modo de vida, nosotros no tenemos otro ingreso que no sea el ejercicio profesional», dijo la jurista en su momento en un acto de desagravio a su favor, organizado por movimientos disidentes del chavismo gobernante.
Remarcó que esa sanción es algo «inédito», que recae sobre ella luego de 35 años del ejercicio del derecho y tras dos años en los que tuvo un papel más crítico frente al gobierno de Maduro, al que defendió hasta el quinquenio pasado.
