Perú afrontó este jueves el tercer día de protestas contra el gobierno interino de Manuel Merino y contra el Congreso que el lunes destituyó al ahora expresidente Martín Vizcarra, a quien la Fiscalía investiga por la presunta recepción de sobornos cuando fue gobernador regional en 2014.
En Lima, los manifestantes, principalmente jóvenes, se mantuvieron 16 horas en las calles pese a los abusos de la Policía Nacional, que disparó perdigones en el cuerpo de ciudadanos que portaban carteles de “Merino no es mi presidente”, “Congreso usurpador” o coreaban estos lemas en el centro de la capital. Varios organismos defensores de los derechos humanos alertaron contra los excesos.
Los agentes también llevaron a la comisaría a personas que no participaron en las protestas, simplemente por encontrarse en el lugar. Dado que Merino no nombró a ningún ministro en su primer día de gestión y el Gabinete depuesto renunció, la jornada transcurrió en medio de enfrentamientos entre los ciudadanos y los agentes: el Ejecutivo ya estaba disuelto, pero la Fiscalía tampoco estuvo en las calles ni dependencias policiales para contener las denuncias de agresiones e irregularidades. Por ejemplo, una adolescente de 14 años detenida en las movilizaciones aún no ha sido puesta en libertad y a su madre le impiden el acceso a la comisaría de Alfonso Ugarte.
El punto de las concentraciones en Lima es la Plaza San Martín, pero en al menos otras 15 ciudades hay manifestaciones similares de quienes no se sienten representados por el Congreso y consideran ilegítima la destitución de Vizcarra, a quien el Parlamento echó con 105 votos por “permanente incapacidad moral”.
Protesta de jóvenes
Un 80% de los ciudadanos que se resiste a aceptar al Gobierno de transición son jóvenes que defienden su derecho constitucional a la protesta, sin embargo, la policía los expulsó de las plazas y calles de la capital como si estuvieran cometiendo algún delito. “Viva el Perú”, gritaban algunos cuando los agentes los retiraron de la Plaza San Martín la noche del martes.
En la comisaría de Monserrate, donde había 25 detenidos, los agentes impidieron el trabajo de abogados defensores de derechos humanos y detuvieron al abogado Carlos Rodríguez, quien solicitaba leer las actas de personas llevadas arbitrariamente a la sede policial, informó El País.
Como en Monserrate, en otras dos comisarías del centro no había fiscales, relató Sandra de la Cruz, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. “Los policías detienen, ellos mismos hacen las actas, y señalan que no tenemos por qué estar aquí”, añadió en una radioemisora la abogada Mar Pérez, de esa misma organización. La Asociación Nacional de Periodistas reportó el miércoles que al menos 16 fotoperiodistas y reporteros “han sido agredidos por la policía” durante la cobertura de las protestas del martes. Amnistía Internacional llamó a las autoridades a “poner el respeto por los derechos humanos en el centro de su respuesta inmediata y de sus políticas públicas”, y recordó que el rol de las fuerzas de seguridad “debe ser el de proteger a la población, respetando el derecho a la protesta pacífica y el de la Justicia investigar todo acto de violencia y establecer las responsabilidades penales que correspondan”.
Cerca de medianoche, un grupo de artistas audiovisuales realizó una intervención lumínica en el malecón de Miraflores, similar a las de Delight Lab durante el estallido social en Santiago de Chile. “Dignidad”, “Congreso golpista”, “Perú 2020: Congreso basura”, eran algunos de los mensajes proyectados sobre edificios.
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